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Editorial

Atentado contra la libertad de prensa

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El congresista fujimorista Clayton Galván (Cambio 21) ha presentado un proyecto de ley que establece cuatro años de prisión efectiva por el delito de difamación. Tal iniciativa ha sido calificada como “un atentado contra la libertad de prensa” por el director del Instituto de Defensa legal (IDL), porque constituye una amenaza a los periodistas y pretendería vengarse de los medios de comunicación que identifican a los involucrados en actos de corrupción.

Por otro lado, el jurista Carlos Rivera Paz, coordinador del área legal del IDL, ha alertado que la presentación del proyecto de marras es “muy grave” porque aumenta de uno a cuatro años de cárcel la pena por delito de difamación, lo que significa –hablando en buen romance– que “cualquier persona, incluidos los periodistas, a la primera pueden ser ingresados a un penal”.

Lo más preocupante es que la presentación del referido proyecto de ley se produce en un contexto en que el periodismo de investigación ha tenido y tiene, como corresponde, un papel preponderante en las denuncias de actos de corrupción. Además, no es la primera vez que el congresista fujimorista Clayton Galván trata de ponerle cortapisas a la labor de los periodistas. El 15 de junio de 2018, presentó una iniciativa para imponer la obligatoriedad de la colegiación a los profesionales que ejercen el periodismo. Sin embargo, tuvo que dar marcha atrás por presión de la opinión pública.

¿Acaso se pretende volver a las épocas en que el gobierno fujimontesinista amordazaba a la prensa para sostenerse en el poder? Basta recordar los catastróficos resultados que dejó la dictadura al punto que, 27 años después del autogolpe de Alberto Fujimori, el Perú sigue luchando contra la corrupción y el narcotráfico que tanto daño hacen al país porque socavan la democracia y paralizan la economía.

Ya lo advirtió hace más de 100 años, el escritor y político Manuel González Prada: “Aunque se juzgue vulgar la comparación, el periodismo guarda semejanza con el alumbrado público: suprimamos el petróleo, el gas o la luz eléctrica, y las ciudades más civilizadas se transformarán en bosques de bandidos; eliminemos los diarios, y en las naciones más libres surgirán los tiranos más inicuos y más abominables”.

Pero, además, el congresista Galván quiso ponerle la cereza al pastel y no tuvo mejor idea para tamaño despropósito que presentar su proyecto de ley precisamente el 3 de mayo, fecha en que se conmemora el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”.

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Editorial

La ciudadanía no se merece este Congreso

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, lamentó que se pretenda descalificar la propuesta del Poder Ejecutivo para adelantar las elecciones al 2020 y la posibilidad de que la ciudadanía decida sobre el recorte del mandato congresal y presidencial. El jefe de Estado cuestiona, y no sin razón, que algunos “expertos” –en su intento de descalificar la propuesta del Ejecutivo– señalen que no se debe hacer caso a la población porque se equivoca. Por el contrario, el mandatario opinó que al pueblo no se le puede quitar la responsabilidad de elegir.

Tiene toda la razón el presidente Martín Vizcarra y las encuestas siguen mostrando que la voluntad popular apunta en el mismo sentido; es decir, en la necesidad de adelantar las elecciones generales y congresales para que el país pueda salir del entrampamiento en el que se encuentra debido a la crisis política, la economía se reactive y la población pueda retomar su ritmo habitual.Además, debemos tener en cuenta el contexto internacional que nos resulta poco o nada favorable.

Según la última encuesta nacional, urbano–rural de Ipsos Perú, realizada a 1,208 entrevistados, entre el 11 y el 13 de setiembre de 2019, el 70% de los consultados está a favor de la propuesta del presidente Martin Vizcarra para adelantar las elecciones del 2021 al 2020. Solo un 27% se ha manifestado en contra y un 3%no precisa. Además, un 65% de los ciudadanos consultados está en contra de una eventual vacancia presidencial. Solo un 30% aprobaría la vacar al presidente, mientras que un 5% no precisa. Es bueno recordar que las calles están pidiendo “que se vayan todos”.

Así las cosas, resulta verdaderamente difícil comprender por qué la tozudezde los parlamentarios del fujiaprismo que insisten en que no se debe adelantar las elecciones. Acaso no se dan cuenta que la economía del país se está estancando porque los inversionistas prefieren seguir esperando a ver si se produce o no el adelanto de las elecciones al año 2020. Si no hay inversiones no se genera puestos de trabajo, y a falta de estos no se reactiva el mercado interno, las empresas venden menos y por ende pagan menos impuestos y el Estado no tiene cómo atender a las poblaciones más vulnerables.¿Tan difícil es entender cómo están las cosas señores congresistas? Ojalá nuestros padres de la patria recapaciten antes de que sea demasiado tarde.

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Editorial

Congresistas en la Luna

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El presidente Martín Vizcarra ha recordado que los organismos electorales afirmaron la semana pasada –ante la comisión de Constitución del Congreso de la República– que técnicamente es factible el adelanto de elecciones y, por lo tanto, el jefe de Estado ha dicho que espera el tema sea resuelto por el pleno en lo que resta del presente mes de setiembre. En efecto, eso sería lo más conveniente para superar la crisis política y permitir que la economía se reactive, pues para ello se requiere de inversiones capaces de generar más puestos de trabajo formales, lo que a su vez estimularía el mercado interno.

No se sabe si los congresistas coinciden en la urgencia de aprobar la reforma que permita el adelanto de las elecciones, pues han anunciado que esperarán la llegada de la primavera; es decir el día 23 de setiembre, en que estarán en el Perú representantes de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en temas constitucionales, para que brinden una opinión no vinculante sobre el tema. En otras palabras, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quiere una opinión sobre si es o no constitucional adelantar las elecciones.

Al parecer, el presidente del legislativo no está entendiendo cabalmente la situación que se ha presentado en el Perú. En primer lugar, el Congreso se ha desprestigiado tanto que la aprobación ciudadana a ese poder del Estado se encuentra en un dígito. Además de ello, la ciudadanía le reclama a voz en cuello al presidente que cierre el Congreso. El jefe de Estado, por su parte, entiende que eso sería una medida popular, pero no muy constitucional. Por eso es que, como una salida viable, ha pedido al Parlamento que reforme la Constitución para adelantar las elecciones y permitir el recambio de autoridades, incluyéndose él mismo con lo cual se daría cumplimiento al reclamo de “que se vayan todos”, pero dentro de la ley.

Pero como nuestros congresistas han visto más conveniente atornillarse a sus respectivas curules, no han tenido mejor idea que la de darle largas al pedido del Ejecutivo y es por ello que primero consultarán a la Comisión de Venecia, con la esperanza de que el tiempo sea tan ajustado que haga imposible el adelanto de las elecciones. Mientras tanto, los empresarios no se deciden a invertir, pues primero quieren saber a qué escenario se enfrentarán, pero los congresistas siguen en la Luna.

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Editorial

¿Desesperación en el fujimorismo?

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Para la vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, la reducción de 36 a 18 meses de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori refleja que hay persecución política contra la lideresa de su partido.El mismo estribillo ha sido repetido por la congresista Luz Salgado, parte del núcleo duro del fujimorismo. Una opinión similar fue vertida por el legislador de la misma bancada Miguel Torres, quien sostiene que en el fallo anunciado por la jueza suprema provisional Susana CastañedaOtsu ha prevalecido el odio político.

Por su parte, Giulliana Loza, abogada defensora de la excandidata presidencial, ha dicho que la reducciónde la prisión preventiva no es un acto de justicia, y adelantó que acudirán a la instancia constitucional (Tribunal Constitucional), donde esperan se haga justicia para su defendida. Ese tampoco es un argumento jurídico porque la prisión preventiva no es una condena sino una medida prevista en la ley para cautelar una posible fuga o actos de obstrucción al proceso que se está siguiendo a un imputado.

Los congresistas fujimoristas alegan que la lideresa de su partido tampoco ha sido funcionaria pública. Claro que no, pero no hay que olvidar que lidera a los miembros de la bancada fujimorista que es mayoría en el Congreso. Siendo así esa bancada podría tener influencia en nombramiento o ratificación de los miembros del Tribunal Constitucional. Tampoco se puede hablar de odio político o persecución, pues lo que parecería haber es cierta desesperación en las filas del fujimorismo; el porqué, solo el tiempo y el avance de la investigación fiscal lo dirán.

Lo que sí queda claro es que el voto dirimente de la jueza suprema provisional Susana Castañeda Otsu debe ser tomado por los fiscales que investigan el caso como un mensaje de que deben apurar el paso en las investigaciones para cumplir con los plazos de ley y evitar que algunos puntos de la denuncia queden sin el debido sustento a la hora que el Poder Judicial tenga que emitir la resolución respectiva. Se sabe que es un caso muy complejo y que requiere del mayor cuidado, pero ahora el tiempo para ello se ha acortado considerablemente y habrá que ajustarlo sí o sí.

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