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Editorial

Aprobación por los suelos

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En los próximos días deben definirse los cambios en la Mesa Directiva del Congreso y hay un creciente rechazo a la labor realizada por el fujimorista Luis Galarreta y compañía. Basta con echar un vistazo a la última encuesta de GfK, según la cual solo el 8% aprueba la gestión del presidente del Congreso, mientras que un contundente 78% desaprueba su desempeño al frente de la Mesa Directiva del Parlamento Nacional. Lo que es peor, actualmente hay un 81% de encuestados que pide que el liderazgo de la Directiva pase a manos de alguna bancada de oposición.

Como era de esperarse, entre el fujimorismo hay variadas opiniones, desde el consabido ya veremos, vamos a estudiarlo, hasta la radical respuesta de “el pueblo nos dio mayoría y no tenemos por qué renunciar a la conducción de la Mesa Directiva”. Sin embargo, no toman en cuenta que en este momento solo un 10% de los consultados está de acuerdo con que la presidencia del Congreso continúe en manos del fujimorismo, mientras que el 9% no sabe o no opina. Esa es la realidad. Es la foto del momento y los congresistas deberían evaluarlo seriamente.

Ocurre, además, que cada día es mayor la cantidad de electores que ya no se sienten representados por los congresistas, y cada vez son más los ciudadanos dispuestos a salir a las calles para hacerse escuchar a pesar de todos los riesgos que ello significa en caso de que haya represión policial. Y es que están desencantados con muchos personajes políticos, que como Galarreta son capaces de proferir amenazas contra la prensa, contra los medios de comunicación, y promover leyes como el congresista aprista Mauricio Mulder para prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

El próximo jueves 26 de julio se realizarán las elecciones internas del Parlamento y se espera que la mayoría fujimorista presente alternativas a la actual conformación de la Mesa Directiva del Congreso, tal como lo han solicitado las bancadas del Frente Amplio, Nuevo Perú, Peruanos por el Kambio, Acción Popular, y otras que apoyarían las listas alternas. Ojalá porque de otra manera las calles volverían a hacerse sentir.

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Editorial

En las horas difíciles

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La noticia causó conmoción ayer desde muy temprano. El expresidente Alan García decidió poner punto final a sus días al enterarse que iba a ser detenido preliminarmente en vísperas de que el operador de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, prestara declaraciones a la Fiscalía. Tras el primer impacto del lamentable suceso, las huestes de “Alfonso Ugarte” realizaban los preparativos para el velatorio en la “Casa del Pueblo”, sede principal del Partido Aprista.

El Poder Ejecutivo, por su parte, declaró Duelo Nacional los días 17, 18 y 19 de abril de este año, con motivo del deceso del exjefe de Estado y dispuso que el Pabellón Nacional sea izado a media asta en todos los edificios públicos, instalaciones militares, bases, buques, locales policiales y demás dependencias del Estado en todo el territorio nacional, así como en las misiones diplomáticas, consulares y representaciones permanentes del Perú en el exterior. Mandatarios y expresidentes de la región expresaron sus condolencias a los familiares de Alan García.

En tanto, los fiscales del caso Lava Jato manifestaron ayer que no harían declaraciones en consideración a los difíciles momentos por los que atravesaba la familia del otrora líder aprista. Sin embargo, el trabajo del Ministerio Público debe continuar hasta que se aclare toda esta trama de corrupción de Odebrecht que ha salpicado a varios políticos y expresidentes peruanos. La justicia debe continuar su labor hasta poner a buen recaudo a quienes hayan lucrado con los pocos recursos con que cuenta el país.

De otro lado, corresponde al Pleno del Congreso aprobar de una vez por todas, la creación del sistema anticorrupción. El presidente Martín Vizcarra presentó ocho proyectos para la reforma judicial y dos de ellos están durmiendo el sueño de los justos desde el 2 de agosto del año pasado, tras recibir 59 votos en contra. En todo caso, lo que ha pasado con el expresidente Alan García y la desidia del Congreso deben llamarnos a la reflexión sobre la necesidad de acelerar los cambios que se requieren en el sistema judicial para que no vuelva a repetirse un escándalo de corrupción como el generado por la constructora brasileña Odebrecht. Son horas difíciles, pero, valgan verdades, el país ya está harto de la corrupción.

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Editorial

El cuento chino del relanzamiento

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No pasaron 24 horas desde que Fuerza Popular anunciara la presentación del plan de desarrollo Compromiso con el Perú, el cual se incluye dentro del proceso de reestructuración y relanzamiento de la organización, cuando la bancada naranja volvió por sus fueros boicoteando con su inasistencia la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que iba a analizar las denuncias contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Precisamente, el legislador Luis Galarreta, quien formuló el anuncio del pretendido relanzamiento fue uno de los ausentes.

Galarreta, encargado de la Secretaría General Nacional de Fuerza Popular, había explicado que el documento mostrará las propuestas que tiene su partido para resolver los principales problemas del país. Ayer, sin embargo, ni él ni otros seis congresistas se hicieron presentes, dejando sin quórum a la Subcomisión. Brillaron por su ausencia Milagros Salazar, Federico Pariona, Luis Galarreta, Nelly Cuadros, Karina Beteta y César Segura; este último titular del grupo de trabajo. Tampoco asistió Marco Arana (por enfermedad), del Frente Amplio.

Este hecho, que no tiene otra explicación que un nuevo vergonzoso blindaje al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha sido duramente criticado por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, quien ha puesto en entredicho la veracidad del relanzamiento anunciado en la víspera por el partido fujimorista. Para ello, el titular del Congreso escribió en su cuenta de Twitter refiriéndose a las inasistencias de miembros de Fuerza Popular a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se debían analizar las denuncias contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

También fue notoria la ausencia de la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Rosa Bartra, a la sesión del pleno donde se debían aprobar los últimos proyectos de la reforma de la justicia propuesta por el Gobierno. Hablando en buen romance, el cacareado relanzamiento del partido Fuerza Popular, agrupación que se encuentra a la deriva desde que su presidenta fue enviada a prisión, no pasa de ser un cuentazo chino para limpiar un poco la imagen de esa agrupación política tan venida a menos en los últimos meses. Ojalá, la ciudadanía tome en cuenta estos hechos a la hora de acudir a las urnas.

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Editorial

No le roben la esperanza a todos los peruanos

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La Contraloría General de la República ha enviado a la Procuraduría Pública los resultados de la auditoría practicada al ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En el informe respectivo, el órgano de control ha encontrado un perjuicio económico que asciende a la friolera de S/ 664,548, entre otras perlas, por pagos irregulares y servicios que no se efectuaron durante el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y 31 de julio de 2018. Ahora corresponde a la Procuraduría Pública iniciar las acciones legales correspondientes.

Según la Contraloría, el examen de control tuvo como objetivo determinar si las contrataciones del personal bajo régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), servicios y consultorías, y la gestión de recursos humanos, se realizaron según la norma vigente y las disposiciones internas de la entidad. Lo que encontró fue un perjuicio económico de S/ 435,020.00 por movilidad del personal CAS –contrato administrativo de trabajo– pese a no corresponderle en los meses de diciembre de 2015 y julio y diciembre de 2017.

El informe del contralor precisa, además, que no existía documentación detallada alguna sobre quienes laboraron fuera del horario de trabajo durante el período señalado. El examen también detectó 14 seminarios y conversatorios que no se realizaron entre los años 2016 y 2018, así como la planificación de concursos públicos, eventos institucionales internos y capacitaciones que tampoco se hicieron. Pero lo más increíble es que hubo un perjuicio económico por S/ 75,768.00 por servicios de supervisión y asistencia técnica que no se ejecutaron en el desarrollo de concursos públicos durante el 2017. Es decir, se pagó por una supervisión que nunca existió.

Lo que llama la atención es que si eso ocurría en una institución encargada de nombrar y ratificar a jueces, fiscales, jefes de ONPE y RENIEC, probos y competentes, así como destituir a los que transgredan sus responsabilidades –como dice en la página web del exCNM– qué estará ocurriendo en las demás instituciones del Estado. Malos funcionarios y políticos han pescado a río revuelto, pues donde se pone el dedo brota el pus de la corrupción. Por eso es urgente que no se pierda más tiempo y se pongan en marcha las reformas que el país viene reclamando desde hace mucho tiempo. No permitamos que le roben la esperanza al pueblo.

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