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Editorial

Aprobación por los suelos

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En los próximos días deben definirse los cambios en la Mesa Directiva del Congreso y hay un creciente rechazo a la labor realizada por el fujimorista Luis Galarreta y compañía. Basta con echar un vistazo a la última encuesta de GfK, según la cual solo el 8% aprueba la gestión del presidente del Congreso, mientras que un contundente 78% desaprueba su desempeño al frente de la Mesa Directiva del Parlamento Nacional. Lo que es peor, actualmente hay un 81% de encuestados que pide que el liderazgo de la Directiva pase a manos de alguna bancada de oposición.

Como era de esperarse, entre el fujimorismo hay variadas opiniones, desde el consabido ya veremos, vamos a estudiarlo, hasta la radical respuesta de “el pueblo nos dio mayoría y no tenemos por qué renunciar a la conducción de la Mesa Directiva”. Sin embargo, no toman en cuenta que en este momento solo un 10% de los consultados está de acuerdo con que la presidencia del Congreso continúe en manos del fujimorismo, mientras que el 9% no sabe o no opina. Esa es la realidad. Es la foto del momento y los congresistas deberían evaluarlo seriamente.

Ocurre, además, que cada día es mayor la cantidad de electores que ya no se sienten representados por los congresistas, y cada vez son más los ciudadanos dispuestos a salir a las calles para hacerse escuchar a pesar de todos los riesgos que ello significa en caso de que haya represión policial. Y es que están desencantados con muchos personajes políticos, que como Galarreta son capaces de proferir amenazas contra la prensa, contra los medios de comunicación, y promover leyes como el congresista aprista Mauricio Mulder para prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

El próximo jueves 26 de julio se realizarán las elecciones internas del Parlamento y se espera que la mayoría fujimorista presente alternativas a la actual conformación de la Mesa Directiva del Congreso, tal como lo han solicitado las bancadas del Frente Amplio, Nuevo Perú, Peruanos por el Kambio, Acción Popular, y otras que apoyarían las listas alternas. Ojalá porque de otra manera las calles volverían a hacerse sentir.

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Editorial

Urge frenar la corrupción

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Ante la negativa del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, de poner en debate las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el legislador de Acción Popular, YonhyLescano, propuso a las bancadas del Parlamento retirarse como medida de protesta.

“Promover una sanción o una censura en contra de su presidente (César Segura) no será facilitada por los votos de Fuerza Popular, lo otro (el retiro de integrantes) es más efectivo”, agregó.

Segura se niega a poner en debate las denuncias constitucionales contra Chávarry, a pesar de los constantes pedidos de diversos sectores políticos y sociales, argumentando que deben ingresar por orden de llegada; es decir que podrían quedar para las calendas griegas, a pesar de la importancia que tienen, pues de continuar postergadas el país seguirá sumido en medio del caos político y nadie podrá ocuparse de los principales problemas nacionales que preocupan a la mayoría de peruanos.

De otro lado, la bancada del Frente Amplio ha anunciado que presentará al Ministerio Público en forma independiente el trabajo realizado en minoría que fue obviado en el informe final de la Comisión Lava Jato, lo que es interpretado por un sector de parlamentarios como un blindaje a Alan García y a Keiko Fujimori.

Parece ser, pues, que a la mayoría fujiaprista que domina el Congreso poco le importa el enfriamiento de la economía, ni la llegada masiva de ciudadanos venezolanos en busca de trabajo, como poco les importa las alzas en el transporte masivo y los retrasos en la reconstrucción del norte. Eso no les interesa como tampoco parece importarles la lucha anticorrupción. Como dice el legislador Yonhy Lescano, hay un doble discurso que maneja la alianza Apra-Fuerza Popular.

Sería bueno que el Gobierno pise acelerador a fondo en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere porque de lo contrario la economía corre el riesgo de quedar paralizada. Así lo han advertido sectores empresariales al señalar que hay cifras preocupantes, como la menor importaciones de bienes de capital (-3.3% en agosto y -5.9% en setiembre), lo que indicaría una menor inversión privada que se traduciría en un menor PBI al esperado para este año. Ojalá nos equivoquemos.

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Editorial

La corrupción nos pasará la factura

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Un emplazamiento a todos los peruanos ha hecho el presidente Martín Vizcarra para asumir el compromiso de independizar al país del yugo de la corrupción. Razón no le falta, pues si echamos un vistazo a las últimas encuestas sobre los principales problemas que afectan al país, la mayoría de respuestas identificarán a la corrupción. Y la lucha contra esa lacra no es privativa del Gobierno, pues en realidad depende de la decisión firme de todos los ciudadanos. Muchos quizá han olvidado que la corrupción organizada desde el poder, en los años 90, le ha costado al Perú una pérdida de aproximadamente 1,800 millones de dólares.

Para quienes no alcanzan a imaginar la dimensión del daño causado por la corrupción de entonces, estamos hablando de la friolera de 4,600 millones de nuevos soles, al cambio de la época; mejor dicho, de un dinero del erario nacional con el cual se pudo haber construido 36 hospitales de 200 camas cada uno en todo el país, o más de 180 modernos colegios donde se imparta educación de calidad, y crear alrededor de 100 mil puestos de trabajo. Sin embargo, muchos peruanos pensaban que no importaba que las autoridades elegidas roben con tal que hagan obras.

En esa misma línea, el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, ha dicho que al margen de nombres, el Gobierno está decidido a luchar contra la corrupción. Estas declaraciones hacen clara alusión a la decisión del Congreso de no incluir a Alan García y Keiko Fujimori en el informe final de la Comisión Lava Jato. “Es una decisión del Congreso, pero, finalmente esto es un juicio político”, dijo. En efecto, corresponde al Ministerio Público determinar si los investiga o no, a la luz de nuevos elementos indiciarios que se están conociendo.

El anuncio del presidente Martín Vizcarra de liderar la lucha contra la corrupción es bien recibido por la población y también por el sector empresarial que viene reclamando garantías en el sistema judicial para las inversiones nacionales y foráneas. Precisamente, el vicepresidente del Grupo Moody’s Investors Service, Jaime Reusche, ha señalado hace poco que el Perú podría ser calificado de economía A1, igual que Chile, si no fuera por el tema institucional, en el que se ve un escándalo tras otro. Hablando en buen romance, el tema de la corrupción puede resultar tanto o más dañino para el Perú como en los años 90”.

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Editorial

Blindaje confirmado

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La sesión del pleno del Congreso de la República que ayer aprobó el informe de la comisión Lava Jato que determina presuntas responsabilidades en distintos exfuncionarios en el pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht, ha servido además para poner al descubierto la actitud de los congresistas de Fuerza Popular y del Apra. Un vergonzoso blindaje a Keiko Fujimori y Alan García, quienes no han sido incluidos en las recomendaciones para que el Ministerio Público los investigue. De ello el país entero ha tomado debida nota.

Por su parte, el expresidente Alan García ha felicitado a los congresistas apristas por la defensa que han hecho de su gobierno. Quizá García no recuerde que ya han pasado más de cinco años desde que terminó su gobierno; es decir, que ya no tiene la prerrogativa del antejuicio y eventualmente podría ser llamado por el Ministerio Público para aclarar cualquier inconsistencia que le encuentre algún acucioso fiscal. Por lo pronto, Keiko Fujimori, en cambio, ya está en manos de la Fiscalía para una exhaustiva investigación.

Volviendo al pleno del Congreso, el informe en minoría del congresista Humberto Morales (Frente Amplio) ha puesto al descubierto el vergonzoso blindaje al exmandatario aprista, pues planteaba incluirlo en el informe que alcanzaría la comisión Lava Jato al Ministerio Público. El congresista Morales destacó ayer que el informe aprobado confirma el blindaje porque Keiko Fujimori ni Alan García fueron incluidos en el informe aprobado ayer.

Ocurre, además, que en año y medio de trabajo, la comisión Lava Jato no ha presentado un informe prolijo porque al parecer ha usado doble rasero. No ha medido a todos con la misma vara. Pero sí se debe reconocer que sin querer el informe final de la comisión ha demostrado el vergonzoso blindaje de apristas y fujimoristas a sus jefes. Así lo mencionan las redes sociales. Señalan que los congresistas no pueden acusar a sus jefes, que es una suerte de conflicto de intereses y que era obvio que el blindaje funcionaría. Ojalá que la Fiscalía siga profundizando sus indagaciones para que ponga a buen recaudo, también, a los peces gordos.

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