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Política

Allanan 45 inmuebles vinculados al “Club de la Construcción”

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en

EDUARDO GARCÍA

El Equipo Especial del caso Lava Jato, dirigido por el fiscal Hamilton Castro, asestó un fuerte golpe contra las constructoras ligadas a la empresa Odebrecht, la misma que embaucó a diversos países de América Latina por medio de sus famosos sobornos para hacerse ilegalmente de obras de infraestructura.

Mediante un operativo paralelo, el Equipo Especial, apoyado por 37 fiscales adicionales que se desplegaron por todo Lima, allanaron desde horas de la mañana 45 inmuebles pertenecientes a las peruanas Graña y Montero e ICCGSA, así como las brasileras OAS, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, entre otras.

El megaoperativo fue solicitado por el fiscal Castro el cinco de enero y fue aprobado por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, bajo el argumento de la presunta comisión de tráfico de influencias y lavado de activos en este proceso.

Los locales fueron allanados de manera simultánea.

Los locales fueron allanados de manera simultánea.

Empresas marcas y compañías implicadas en caso Odebrecht

CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN
La diligencia fiscal, que contó con el apoyo de la Policía Nacional, responde al caso referido al “Club de la Construcción”, que implica a 18 personas, de las cuales fue capturado Carlos García Alcázar, exasesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del gobierno del encarcelado expresidente Ollanta Humala.

Justamente la investigación del grupo fiscal que dirige Hamilton Castro está comprendida entre el 1 de enero de 2011 hasta 31 de diciembre del 2014, según la resolución N°2 referida al expediente 00046-2017-15201-JR-PE-01, al cual tuvo acceso el Diario UNO.

“La Fiscalía postula como su tesis la existencia del denominado ‘Club de la Construcción’, que operó en el Perú desde el año 2011 al 2014, el cual habría estado conformado por tres componentes específicos, con roles distribuidos”, se lee en el documento.

El primer punto explica que los “representantes” de las empresas privadas arriba mencionadas, acordaban de forma irregular cuál sería la constructora que sería beneficiada en la buena pro realizando una pre-relación; y, pagar el 2.92% de la obra que era adjudicada a García Alcázar, a través de su representante Rodolfo Prialé de la Peña.

Bajo esta misma premisa, la Fiscalía considera que el “lobista” de las constructoras privadas fue Prialé de la Peña, quien se encargó de “representar” a este grupo empresarial frente al funcionario público García Alcázar, para que este “se encargue” de la ejecución del acto ilícito vía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Por último, Castro especifica que García Alcázar era el gestor de operativizar dentro del referido ministerio el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa que había sido previamente acordada (por el “Club”) para que se otorgue la licitación de cualquier obra de infraestructura en la era Humala.

Fiscal Hamilton Castro dio duro golpe contra corruptos.

Fiscal Hamilton Castro dio duro golpe contra corruptos.

EL COLABORADOR N°06
El testimonio del testigo codificado N°06-2017, además de ser corroborado por el despacho de Hamilton Castro, permitió cruzar diversas informaciones que terminaron por convencer al fiscal anticorrupción de que debían actuar de inmediato.

Dicho colaborador es nada menos que un funcionario de la empresa Odebrecht, y cuya identidad por ahora se mantiene en reserva para resguardar el avance de las pesquisas del caso Lava Jato en nuestro país y su propia vida.

“El colaborador manifestó que existió un pacto entre empresas peruanas y extranjeras representadas por un lobista, para ‘distribuirse’ el otorgamiento de la buena pro de diversas obras de carreteras en Provías Nacional, con participación de representantes del Ministerio de Transportes”, añade el escrito.

El testigo manifestó que tomó conocimiento de estas irregularidades ligadas al “Club” a mediados del 2012, en circunstancias en las que Odebrecht buscaba “oportunidades” para hacerse de obras de forma irregular en el sur del país, teniendo contactos con diversos representantes de empresas peruanas y extranjeras.

Se refería a las socias de Odebrecht: Cosapi, Málaga y Graña y Montero, cuyos directivos, José Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña purgan 18 meses de prisión preventiva por orden del juez Richard Concepción Carhuancho.

Sin embargo, un pedido clave de la Fiscalía para determinar la responsabilidad penal de los imputados es que la jueza Álvarez Camacho declaró infundado el pedido del Equipo Especial para levantar el secreto de las comunicaciones de los teléfonos celulares y fijos incautados durante los allanamientos.

Orden de allanamiento judicial

Cédula de notificación

ALGO MÁS
Capturan a Carlos Eugenio García Alcázar. Faltan Rodolfo Prialé de la Peña, Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso (Obrainsa), Félix Erdulfo Málaga Torres (Constructora Málaga Hermanos), Luis Humberto Prevoo Neira y Guillermo Reynoso Medina, estos dos últimos socios de Prialé.

Política

Fujimori debe volver a la Diroes

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en

Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

En entrevista con el Diario UNO, el jurista Carlos Rivera, quien es abogado de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, señaló que esperaba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), anule el indulto al dictador Alberto Fujimori. Pero, al reenviar el caso a la justicia nacional, ellos continuarán su lucha hasta encontrar justicia y reparación.

“Sí, en realidad el conjunto de acciones que hemos venido realizando y la esperanza que teníamos en la sentencia de la Corte IDH era eso. De que declare nulo el indulto y que Fujimori cumpla la condena que le corresponde (en la Diroes)”, manifestó Rivera. “Sin embargo, la decisión de la Corte IDH indica que la justicia peruana declare la nulidad del indulto”, agregó.

El jurista refirió que ahora tienen que enfrentar una acción en el sistema judicial penal con todos los problemas que el Poder Judicial tiene en este momento. Dijo que los familiares seguirán en busca de justicia como lo hacen desde 1991.

RESOLUCIÓN CONTRADICTORIA

Precisó que les ha sorprendido la resolución porque es un tanto contradictoria, parece escrita sobre una línea argumentativa de fundamentos que van desarrollando de manera impecable, en cuanto a contradecir y cuestionar el otorgamiento de indulto para casos de violación de derechos humanos. “Pero por otro lado, toman la decisión de reenviar el caso al fuero interno, eso nos ha sorprendido. No era la resolución que esperábamos porque habíamos logrado exponer los argumentos políticos, jurídicos, jurisprudenciales y los doctrinarios del derecho internacional”, añadió.

FUERO INTERNO

Ante esto, el jurista indicó que mediante la resolución de la Corte IDH, no es posible conocer por qué no declaró inválido el indulto. “Lo único que uno puede observar es que la Corte IDH señaló que había antecedentes en los casos Jaililie y Crousillat, para el fuero interno, el constitucional, que evaluará la legalidad del indulto. Y la resolución emitida por la Sala Penal Nacional en el caso Pativilca, por la cual se decidió inaplicar el derecho de gracia que fue concedido en la misma fecha que el indulto”, destacó.

Familiares de víctimas de matanza en gobierno de Alberto Fujimori

Mañana tomarán la decisión legal después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

SÍ CUESTIONA EL INDULTO

Rivera afirmó que “justamente el hecho de que en la resolución la Corte IDH asumió nuestros argumentos, es decir, han asumido una línea no solo de cuestionamiento sino casi de repudio al indulto como medida posible de otorgar a quienes están condenados por graves violaciones de los derechos humanos”.

Comentó que solo le faltó a la decisión, concluir que el indulto era una opción inaplicable y por lo tanto el Estado peruano debería anular. Aunque esta resolución no está convalidando el indulto, más bien lo cuestiona y repudia porque esta instancia supranacional no encuentra ningún argumento para sostenerlo como medida factible de imponer a un condenado por delitos de lesa humanidad.

CAMINOS A SEGUIR

El camino que la Corte IDH plantea es que debe haber un control jurisdiccional, eso significa que la defensa de los familiares de las víctimas puede optar por una vía constitucional a través de la presentación de una acción de amparo o una vía penal mediante un pedido de control de convencionalidad, que lo tendrían que hacer en el propio vocal supremo de instrucción que está a cargo del caso Fujimori.

“Una acción de amparo se presenta al Poder Judicial, si es que se pierde en 1ra y en 2da instancia, recién se va al Tribunal Constitucional. Un amparo en el Perú dura mucho tiempo, por lo menos un año. Lo de la Sala Penal probablemente dure menos tiempo. Esa decisión la vamos a tomar el día lunes”, señaló Rivera.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

ONPE bajo la lupa de la Fiscalía

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Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

El presunto favoritismo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la inscripción del partido Podemos Perú, del cuestionado José Luna,  viene siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Las indagaciones las estaría haciendo fiscal Carlos Nivin, quien abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de patrocinio ilegal, decisión que tomó después de las denuncias periodísticas.

El titular del 1° despacho de la Segunda Fiscalía de Corrupción de Funcionarios dispuso la apertura de la investigación el pasado 1 de junio.

La exasesora legal de la ONPE, Susana Guerrero, denunció un presunto trato preferente para el partido político del excongresista José Luna durante el proceso de inscripción. Tras realizar la denuncia, la ONPE decidió cesar a la funcionaria.

En tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abrió una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, quien declaró que no teme a las investigaciones y que va a colaborar.

Para el consejero Iván Noguera, la investigación podría ser más rápida y expeditiva de lo que hasta hoy ha sido.

El presidente del CNM, Orlando Velásquez, explicó que la investigación preliminar está en manos de la Comisión de Procesos Disciplinarios y que se emitiría un informe en 15 días, a favor de iniciar el proceso disciplinario o archivar el caso.

ALGO MÁS

El Consejo Nacional de la Magistratura recién se estaría pronunciando en julio sobre el sonado caso de ONPE. Castillo permanecería en el cargo hasta después de las elecciones regionales y municipales.

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Política

Solo 5 de 21 aspirantes a la alcaldía de Lima han solicitado inscripción

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Jurado Nacional de Elecciones

Hasta la fecha, solo 5 de los 21 partidos que postulan a la alcaldía de Lima han solicitado su inscripción para participar en las próximas elecciones del 7 de octubre. Por ello, el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, Oswaldo Espinoza López, instó a las organizaciones a no esperar el último momento para realizar este procedimiento.

En ese sentido, recordó que el plazo para este trámite vence indefectiblemente el próximo martes 19 y recomendó a las agrupaciones políticas tomar las debidas precauciones, en el caso de que tengan que realizar subsanaciones.

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