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Editorial

Alan García sigue enlodando al Perú

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El expresidente Alan García ha dicho anoche que en el Perú se atenta contra el Estado de Derecho. Apenas unas horas antes había asegurado todo lo contrario. Había dicho que asistirá a todas las citaciones que le hagan el Ministerio Público y el Poder Judicial porque confiaba en que se respetarán todos sus derechos y todas las instancias.

El cambio de parecer ocurrió después que un grupo de apristas que aguardaban fuera de su casa denunciaron que en uno de los vehículos policiales que custodiaban la casa del expresidente había equipos de “chuponeo” o escuchas ilegales. Un fiscal tuvo que acudir al lugar para investigar la denuncia.

Esta no es la primera vez que Alan García aprovecha de alguna circunstancia para ponerse a buen recaudo ante las investigaciones que realiza el Ministerio Público de hechos irregulares que habrían ocurrido durante su Gobierno.

El expresidente aprista culpa ahora al jefe del Estado, Martín Vizcarra, por el supuesto “chuponeo”. Sin embargo, el ministro del Interior, Carlos Morán, ha negado que la policía esté comprometida en algún hecho irregular de escuchas telefónicas. “Que venga la Fiscalía y que verifique qué contiene el interior de la camioneta, no lo estamos negando y que vaya. No hay nada ilegal ni irregular”, asegura el ministro Morán, quien informó que la presencia de la unidad policial estaba allí a pedido del congresista Jorge del Castillo.

Tras señalar que le sorprendía la actitud de los apristas, confirmó que el pasado lunes se comunicó con Ricardo Pineda, secretario de Alan García, y le comentó que temía por la seguridad del expresidente y le garantizaba que no le iba a pasar nada.

En todo caso, llama la atención que el expresidente Alan García no haya pedido la renuncia del ministro del Interior, tal como lo han hecho con otros ministros por mucho menos. Por otro lado, un curtido oficial de la policía manifestó que todo se trataba de una operación para brindar seguridad a García, y dijo que si se tratara de algo irregular sería raro usar un vehículo oficial con placas de matrícula del Estado. Francamente que esto huele muy raro, y como dijo Augusto Álvarez Rodrich hasta podría tratarse de un psicosocial. El gobierno debe iniciar una investigación en serio para que no se siga echando lodo al país.

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Editorial

Un Congreso sin voluntad de cambio

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La mayoría de peruanos ha quedado anonadada al enterarse que solo el 1% de los empleados del Congreso de la República, que se encuentran en condición de nombrados, accedió a su plaza mediante concurso público, porque es una práctica común que cada Mesa Directiva acuerde su nombramiento por favoritismos políticos, según ha revelado el congresista Daniel Salaverry.

Si eso no es ilegal, por lo menos parece inmoral. Por un lado, porque las referidas plazas se financian con dineros públicos y no privados; de otro, porque a esos puestos del Congreso deberían acceder las personas más capacitadas.

La actual Mesa Directiva había acordado convocar a un concurso público para cubrir 209 plazas laborales por ciudadanos debidamente capacitados que accedan por meritocracia y que cubran los requerimientos académicos y profesionales indicados en los perfiles elaborados por SERVIR.

Dicho Concurso Público “se realiza con absoluta transparencia”, según la Presidencia del Legislativo. Además, las evaluaciones están a cargo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y la Contraloría General de la República realizará un acompañamiento y supervisión del proceso.

No obstante, la vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán, y Yeni Vilcatoma retiraron su firma del acuerdo de la Mesa Directiva que permite realizar un concurso público para 209 plazas laborales en el Legislativo; es decir, todo seguirá como antes. Razón tiene la congresista Marissa Glave (Nuevo Perú) al señalar que este Congreso no tiene voluntad de cambio ni de avanzar hacia temas centrales, ya que solo actúa frente a la reacción y la exigencia ciudadana.

Sería mejor que los congresistas de la bancada de Fuerza Popular se dejen de actitudes obstruccionistas que no conducen a nada bueno. Algunos parlamentarios, inclusive, están tratando de provocar al presidente Martín Vizcarra para que pise el palito y entre a un enfrentamiento directo con el Congreso.

No se dan cuenta que si en el Parlamento se aprueban las leyes los primeros llamados a cumplirlas son los mismos legisladores que por ningún lado tienen corona. Además, ya es hora que demuestren que tienen voluntad de cambio ya que hasta la fecha no han dado muestras de ello.

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Editorial

Cuidado con pisar el palito

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Una exhortación a los actores políticos a retomar el diálogo destinado a lograr un acuerdo en torno a los aspectos prioritarios y urgentes de la reforma política, de tal forma que sean aprobados en el plazo necesario para su aplicación en las Elecciones Generales de 2021, ha formulado la Asociación Civil Transparencia a través de un pronunciamiento público, en el que, también, señala que es necesario defender la institucionalidad, elevar la calidad de la democracia y vencer a la corrupción e impunidad.

Sin embargo, los congresistas estarían más interesados en defender sus privilegios que en sentarse a debatir punto por punto las reformas. A los cambios en el tema de la inmunidad parlamentaria, los miembros de la bancada de Fuerza Popular han respondido presentando una iniciativa para regular la cuestión de confianza, algo que aparentemente podría ir en contra de lo dictaminado hace poco por el Tribunal Constitucional. Con ello buscarían evitar la eventualidad de un cierre del Parlamento.

Hay más. La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó ayer citar a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, para que explique sus declaraciones sobre la reforma política planteada por el Ejecutivo. El grupo de trabajo, presidido por Marco Miyashiro (Fuerza Popular), acogió el pedido planteado por el legislador Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista). Acusan a la ministra de haber manifestado que iba a convocar a los programas sociales para que salgan a las calles a defender las reformas políticas y judiciales en contra del Parlamento.

Sin embargo, el Ejecutivo está distraído con el Congreso mientras la población padece por la falta de empleo formal y las tarifas de servicios básicos, como el de la electricidad, son revisadas para elevarlas. Los empresarios del sector industrial ya han alertado que de aprobarse el Proyecto de Ley 2320-2017 en el Legislativo, se registraría un alza en las tarifas que afectaría a 600,000 mypes y a siete millones de familias de todo el país.

Pero esa no sería la única alza que afecte los bolsillos de los peruanos, pues mientras el Congreso se ha convertido en poco menos que un circo y el Ejecutivo está entretenido en un enfrentamiento contra el Legislativo, la falta de empleo y mayores precios en una serie de productos de primera necesidad pueden quitarle el respaldo popular que el Jefe del Estado necesita para sacar adelante las reformas. Vizcarra no debe pisar el palito.

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Editorial

Choque de poderes

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Parece que el fujimorismo no ha entendido que debe llegar al consenso no solamente con las fuerzas afines en el Congreso, sino también con el Ejecutivo. Todas las fuerzas políticas deben comprometerse con la reforma política.

Con la monserga de que el Congreso no es una mesa de partes, Fuerza Popular está quitando el cuerpo a un compromiso con la población; un compromiso con el Perú y con la democracia. Ni el Ejecutivo ni nadie ha pretendido decir que el Legislativo debe ser una oficina de trámite documentario.

De lo que se trata es que, una vez llegados los proyectos de la reforma, el Parlamento debe analizarlos y ponerlos en agenda para su debate y posterior aprobación. Pero esto es lo que precisamente los congresistas fujimoristas y apristas no quieren hacer.

Se declaran en rebeldía y alegan mil razones para dejarlos encarpetados para las calendas griegas; es decir un tiempo que nunca llegará. ¿Pensarán, acaso, que así aseguran sus privilegios? Nadie en su sano juicio podría imaginar que el pueblo los volverá a elegir algún día.

El politólogo, experto en temas electorales y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, ha advertido ayer que no se trata de discutir un acuerdo cualquiera, sino una reforma política, y por lo tanto todas las fuerzas políticas deben estar comprometidas, lo que involucra también al Presidente de la República.

Sin embargo, lo que se ha visto ayer es un verdadero enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; es decir, un choque de poderes en el peor momento.

Razón tiene Fernando Tuesta cuando afirma que lo más importante en este momento es llamar a la calma, porque sin acuerdo político no hay reforma política, y precisamente lo que no se ha hecho hasta ahora es llegar al consenso.

Que quede en claro, entonces, que esta reforma es para aplicarse el año 2021 y como dice Tuesta en ese momento el presidente Martín Vizcarra no estará como tampoco estarán los actuales parlamentarios. Por lo tanto, no tiene sentido que el fujiaprismo acuse al Jefe del Estado de beneficiarse con la reforma ni que el mandatario tenga que responderles. Eso no hace nada bien a la democracia ni al país.

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