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Política

“Al fujimorismo le importa un bledo el país”

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Martín Vizcarra Cornejo

El anuncio hecho por el legislador de Fuerza Popular (FP) Luis López, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, de citar al presidente de la República, Martín Vizcarra, por el caso Chinchero, generó diversas reacciones entre los parlamentarios, pero sobre todo críticas y cuestionamientos, mientras el premier César Villanueva consideró injustificada la medida.

Según algunos legisladores, con este anuncio, el fujimorismo vuelve al tiempo de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ya que estaría preparando el camino para pedir la renuncia del Jefe del Estado por incapacidad moral. Pero también consideran que la citación al Presidente sería el inicio del fin del fujimorismo. Es decir, estarían emprendiendo una operación kamikaze.

“Si lo hacen es como cavar tu tumba, meterte en ella y tirarte tierra encima. Ahí sí se vería que lo único que hace el fujimorismo es tirarse presidentes y que no es una agrupación que busca lo mejor para el país, sino, simplemente, que tiene sus intereses políticos partidarios de corto plazo y les importa un bledo el país, así que no creo que sean capaces de eso”, manifestó el legislador de PPK, Carlos Bruce.

VUELVEN A LAS ANDADAS

Tras esto el oficialista manifestó que la actitud que ahora tiene el fujimorismo es la que tenían hace tres meses, cuando buscaban vacar a PPK. “Claro, como ellos no tienen a un títere en la Presidencia de la República sino a alguien que tiene independencia, criterio y que está buscando lo mejor para el país ahora se vuelven fiscalizadores y ahora sí critican la reconstrucción y todo lo demás”, cuestionó el oficialista.

Gino Costa, congresista no agrupado, coincidió con Bruce en señalar que con este anuncio FP vuelve a la etapa en que quería vacar a PPK. “Me parece que están volviendo a las andadas, hemos retrocedido seis meses, y otra vez hay un propósito de traer al Presidente, perturbarlo, con miras a finalmente vacarlo, no veo otra razón de meterlo a esta investigación”, manifestó.

En esta línea, Costa consideró innecesario citar a Vizcarra, pues el exfiscal Pablo Sánchez ya había archivado la investigación del caso Chinchero. “No había fundamentos para investigar a Vizcarra, quien no firma la adenda, de manera que yo creo que acá hay una clara intencionalidad política, estamos otras vez en la situación previa de la primera vacancia a PPK”.

“Creo que avanzamos hacía eso y ojalá se detenga porque sería muy negativo por supuesto para el gobierno, más para el Congreso pero especialmente para el Perú”, refirió el exoficialista a Diario UNO.

REITERA INTENCIÓN

En tanto, Luis López reafirmó su intención de citar a Vizcarra a la Comisión de Fiscalización y aunque dijo que aún no existe un acuerdo entre los legisladores que integran el grupo de trabajo que él preside, anunció que el próximo miércoles pondría a debate el tema y buscaría que se acuerde citar al Jefe del Estado.

“Esperamos que la citación sea lo más pronto, eso no depende del presidente sino de todos los congresistas”, dijo López en el Hall de los Pasos Perdidos, tras precisar que Vizcarra sería citado no en su calidad de Jefe del Estado sino de ex ministro de Transportes y Comunicaciones.

CASO EN VEREMOS

Para el parlamentario No Agrupado y miembro de la Comisión de Fiscalización, Roberto Vieira, López puede tener la intención de citar a Vizcarra, pero hizo énfasis que aún no existe una decisión en el grupo de trabajo que integra.

En esta línea, Vieira consideró que si se cita a Vizcarra su visita al Parlamento estaría en función a su disponibilidad ya que, según dijo, primero están los temas del país como la reconstrucción y la lucha contra la corrupción.

“No vendría ni como testigo, ni como investigado, sino como colaborador. Desde mi punto de vista (…) es importante que los peruanos sepan toda la verdad no solamente una parte, el tema Chinchero se tiene que aclarar y el presidente Vizcarra ha sido ministro y tiene mucho conocimiento sobre el tema y nos puede ayudar a tener más datos sobre el tema para poder dictaminar sobre esto”, aseguró el legislador.

Bancada fujimoristas de Fuerza Popular

QUIEREN BAJÁRSELO

La congresista de Alianza para el Progreso (APP), Gloria Montenegro, consideró que todos los temas de interés público deben ser esclarecidos pero destacó la oportunidad y el momento en que lo hace el fujimorismo.

“El tema es la oportunidad en que se hace, en estos momentos se toca el tema de Thorne, de Vizcarra y con la misma sintonía que en el primer año de gestión, no solamente la confrontación, el obstruccionismo sino que ya ahora al ataque, al ataque para bajarse a un segundo presidente”, manifestó la apepista.

“Un caso llama al otro y es mejor estar prevenidos y que la ciudadanía conozca que lamentablemente desde Fuerza Popular no se quieren hacer cambios que beneficien a todos los peruanos sino que se quiere una confrontación permanente de casos que deben estar a cargo del sistema de justicia”, agregó Montenegro.

RECUENTO

El 22 de mayo del 2017 Martín Vizcarra renunció al cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones después de anunciar que el gobierno dejaría sin efecto el contrato con Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero de Cusco. El anuncio lo hizo luego de ser interpelado por el Congreso por la adenda firmada en favor de Kuntur Wasi, antes era inminente que sería censurado.

El 12 de marzo del 2018 el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez decidió no iniciar una investigación por el caso Chinchero ya que considero que “no había elementos de prueba suficientes para empezar una investigación preparatoria”.

ALGO MÁS

”No hay ninguna razón, pero son cosas del Congreso”, dijo ayer el premier César Villanueva, al ser consultado por el anuncio del titular fujimorista de la Comisión de Fiscalización del Congreso, de que citará a declarar al presidente Vizcarra sobre el caso del aeropuerto cusqueño de Chinchero, frustrado por irregularidades cuando el hoy mandatario era ministro de Transportes y Comunicaciones.

 

RAMIRO ANGULO MACHIAVELLO

Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

ALGO MÁS

“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

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Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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