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Política

Ahora hay que buscar a los responsables de la matanza

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Henry Cotos Campeán
Diario UNO

Tras el fallo de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua que absolvió a más de 50 nativos y mestizos por los sucesos de Bagua, lo que corresponde es identificar a los verdaderos responsables del asesinato de los policías, sostuvo la hermana María del Carmen Gómez.

Ella fue parte de la comisión investigadora creada por el gobierno tras los sucesos del 5 de junio de 2009 que dejaron un saldo de 33 muertos, y quien sacó un informe en minoría que decía lo que dice ahora el Poder Judicial, que no se le puede echar la culpa a los nativos.

Sostuvo que por un lado es bueno que no se culpe a inocentes, pero queda la sensación de impunidad y recordó que en el informe “que elaboramos con Jesús Manacés, analizamos las responsabilidades, y ahí se puede ver que el operativo realizado en la Curva del Diablo es la raíz de las responsabilidades”.

NI POLICÍAS NI INDÍGENAS
“Nuestros hermanos policías e indígenas no son los responsables, los culpables son los que crearon un operativo pésimamente diseñado. Claro que sí hay responsabilidades que es necesario considerar”, manifestó.

La religiosa, que actualmente vive en Bolivia, dijo que no se puede permitir que la muerte de las 33 personas y la desaparición del mayor Felipe Bazán queden en la impunidad.

“No estamos contentos con la impunidad ante la muerte de 33 ciudadanos. Hay que seguir buscando a responsables. Estamos reclamando que está pendiente la responsabilidad de quienes han producido estas condiciones que dieron lugar a estos hechos tan lamentables”, añadió.

“Me solidarizo mucho con los deudos de las víctimas, de los policías y de los indígenas y mestizos fallecidos, y con tantos discapacitados que viven como víctimas de este suceso”, acotó.

María del Carmen Gómez.

María del Carmen Gómez.

LOS RESPONSABLES
Desde el gobierno del último presidente aprista Alan García se dijo de manera reiterada y bastante infundada que los nativos fueron los responsables de la matanza. Hicieron una campaña muy fuerte para culpar a los nativos y pretendieron que pase al olvido que la responsabilidad política es de quienes dieron la orden para ese operativo.

Al respecto los deudos de las víctimas pidieron al Ministerio Público que incluya en las investigaciones a Alan García y a la ministra del Interior de entonces Mercedes Cabanillas a quienes sindican como autores de este operativo que terminó en la matanza.

Para María del Carmen Gómez la sentencia deja en claro la inocencia de los procesados. “Soy parte de las instituciones de derechos humanos que nos hemos dado la mano para estar en todo momento al lado de nuestros hermanos y tengan el acceso a la justicia. Después de un largo juicio, hay una sentencia histórica que hace justicia”, declaró en Ideeleradio.

“Me parece que es un fallo que ayuda a nuestro país a acercarnos a los pueblos indígenas”, aseveró.

INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, quien tuvo a su cargo la defensa de los nativos manifestó que la investgación debe proseguir hasta dar con los verdaderos responsables de la matanza.

“Esto no debe estancarse acá. Se ha absuelto a inocentes, pero la investigación por más que sea después de siete años debe proseguir para identificar y procesar y sancionar a los responsables de la muerte de los policías que no debe quedar impune. Ninguna muerte del 5 de junio del 2009 debe quedar impune”, subrayó.

Quispe consideró que no hay elementos para que el fallo del caso Bagua sea modificado por la Corte Suprema, pero igual se debe estar alerta.

FALLO SÓLIDO
Dijo que la resolución que absuelve a los más de 50 nativos procesados por los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009 “está bien fundamentada, es garantista en todos sus derechos, no solo de los derechos reconocidos a nivel nacional por la Constitución y el Poder Judicial que busca una pluriculturalidad, sino que se ha reconocido los convenios internacionales”.

“Básicamente recoge el Convenio 169 de la OIT, las 100 reglas mínimas de Brasilia, se ha reconocido las disposiciones contenidas en la Corte IDH, y eso es importante para esta sentencia”, puntualizó.

¿QUIÉN APRETÓ EL GATILLO?
El también abogado de IDL, Carlos Rivera, dijo que la decisión judicial fue correcta pero queda un sinsabor pues en la Curva del Diablo y la Estación 6 de Petroperú sucedieron crímenes graves.

“No podemos pasar por alto la muerte de los policías y ojalá el tribunal reflexione. Aquí hay una responsabilidad de la justicia que debe señalar quiénes son los responsables de estas muertes y de la desaparición del mayor Bazán”, comentó.

Añadió que “se debe identificar a quienes apretaron los gatillos para acabar con la vida de los policías”.

Recordó que en el proceso los policías sobrevivientes en el juicio oral, manifestaron que las personas que disparaban contra ellos y sus compañeros estaban encapuchadas y con el rostro pintado, con un polo negro y/o un trapo en la cabeza y no reconocieron ni identificaron a los 53 acusados como los co-partícipes de los homicidios.

MINISTROS
Sobre el fallo del caso baguazo los ministros del Interior Carlos Basombrío y la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello tuvieron opiniones diferentes. El titular del Interior lamentó que siga impune la muerte de 12 policías, sin llegar a cuestionar la sentencia.

“Me parece una ofensa a la memoria de los policías caídos, masacrados en Bagua. Nunca en la historia del Perú, ni siquiera Sendero Luminoso, se realizó una matanza de policías tan grande, sangrienta y atroz, como la que ocurrió en Bagua”, señaló.

En tanto, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, consideró justa la decisión de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua. “Lo que no significa que no hubo personas asesinadas. Si no puedes determinar al autor material, no puedes meter a la cárcel a cualquiera. Hay que buscar al autor material. Hay que pensar que esto nos deja un mensaje de atención”, explicó.

Añadió que la sentencia judicial que absuelve a 52 indígenas no significa impunidad. “No se trata de que se esté cuestionando o avalando Fuente Ovejuna o el asesinato de una persona, este no es el caso del asesinato del mayor Bazán, sino de la Curva del Diablo, y en este caso, no se puede acreditar la responsabilidad de estas 52 personas después de siete años”, comentó.

ADEMÁS
El 5 de enero del 2009, un enfrentamiento que pretendía desbloquear la carretera Fernando Belaunde Terry, en Bagua, Amazonas, tomada por pobladores indígenas durante más de 50 días, dejó 12 policías, 10 civiles muertos y un policía desaparecido. Los pobladores demandaban la derogación de dos decretos legislativos que consideraban, atentaban contra sus derechos territoriales.

Política

Concurso para plazas en el Congreso perjudica al fujiaprismo

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Concurso para plazas en el Congreso perjudica al fujiaprismo

La convocatoria a concurso público para ocupar 209 plazas laborales en el Congreso de la República, hecha por el titular de ese sector, Daniel Salaverry, ha generado la crítica de muchos trabajadores que ingresaron al Legislativo por recomendaciones de congresistas. La respuesta de Salaverry es que “quieren seguir utilizando al Congreso como agencia de empleos”. Consultados por Diario UNO coinciden en que la meritocracia debe primar frente a muchos trabajadores puestos por el fujimorismo y el aprismo.

FUJIAPRISTAS SON LOS MÁS PERJUDICADOS

El congresista de Nuevo Perú Alberto Quintanilla se mostró de acuerdo con la convocatoria a concurso público para plazas en el Congreso, a fin de evitar el “clientelaje político laboral”.

“Estoy completamente de acuerdo con la convocatoria a concurso, a fin de que no haya clientelaje político laboral”, sostuvo el legislador a Diario UNO.

Tras afirmar que los críticos al concurso pueden acudir a las instancias correspondientes, Quintanilla señaló al APRA y a Fuerza Popular como los más perjudicados con la medida.

“Los más perjudicados por el concurso serían el APRA y Fuerza Popular ya que se trata de los dos partidos que han manejado el Congreso y han metido a su gente; eso hay que cortarlo”, acotó.

TRABAJADORES FANTASMAS

Por su parte, el congresista del Frente Amplio Wilbert Rozas, afirmó que los apristas y fujimoristas son los más perjudicados con el concurso público ya que muchos de sus trabajadores están en el Congreso sin ningún mérito.

“Los más perjudicados con el concurso público son los apristas y fujimoristas porque hay muchos de ellos que están en el Congreso sin ningún mérito”, sostuvo tras señalar a sus colegas apristas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, “algunos de sus trabajadores nunca fueron al Congreso. Había ‘trabajadores fantasmas’ que ni siquiera iban a firmar”, afirmó.

Asimismo, recordó que César Sandoval, asesor de Del Castillo, también trabajaba como asesor del polémico ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

CONTRA EL CLIENTELISMO POLÍTICO

“Desde que asumí el Congreso se tomó la decisión de acabar con el clientelismo político que tanto daño ha hecho a esta institución. Es por ese motivo que redujimos desde 700 a menos de la mitad el número de contrato temporales”, afirmó el presidente del Congreso Daniel Salaverry en un video subido a través de su cuenta de Facebook.

Salaverry anunció la convocatoria para un concurso público de 209 plazas laborales en este poder del Estado. Indicó que con esto se busca tener un Parlamento “más eficiente y transparente”.

“Con el objetivo de tener un Congreso más eficiente y transparente, hoy se publicó la convocatoria para realizar un concurso público para acceder a 209 plazas laborales, el cual será llevado a cabo por la UNI y Servir. La meritocracia debe primar en la función pública”, afirmó en su cuenta de Twitter. Posteriormente, el titular del Parlamento recordó que decidió reducir el número de trabajadores de la institución para acabar con el “clientelismo político”.

MERITOCRACIA

Wilbert Rozas se mostró de acuerdo con la decisión tomada por Salaverry, advirtiendo además que en la gestión pública debe primar la meritocracia.

“Me parece que lo que hace Salaverry, está bien. Los trabajadores que ingresan a la gestión pública tienen que entrar por méritos y de ahí que la meritocracia es la que prima. A la gente se le tiene que calificar de acuerdo a las capacidades que tiene”, sostuvo.

PLAZAS

Las plazas que deberán cubrirse en concurso son 78 para profesionales y 31 para técnicos, en las siguientes áreas: Oficialía Mayor (40), Auditoría Interna (5), Dirección General Parlamentaria (115) y Dirección General de Administración (49).

RECURSO DE AMPARO

Entre los críticos al concurso público está el congresista de Concertación Parlamentaria, Gilbert Violeta, quien sostiene: “Señor Salaverry, anule este concurso. El Congreso no requiere más personal ni sobrecostos. Es un contrasentido frente a la reforma y la reestructuración pendiente. ¿O acaso se quiere pagar favores políticos? Exigimos una evaluación de los recursos de todo el Parlamento”.

Por otro lado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, Flanklin Falla, anunció que presentará un recurso de amparo para anular el concurso público.

Sobre esto, Wilbert Rozas recordó que existe más de un sindicato en el Congreso: “En el Congreso no hay un solo sindicato; hay dos o tres. Cada uno tiene un acercamiento con quienes están en la Junta Directiva y ha ido colocando gente”.

Asimismo sostuvo: “Yo soy gremialista pero también hay trabajadores que tienen puestos en el Congreso que no tienen mucha cosa qué hacer; entraron por cuestiones políticas y no saben en qué puestos colocarlos”.

De otro lado, Alberto Quintanilla advirtió que “la alianza aprofujimorista está apoyando las críticas a la decisión tomada por Salaverry” y recomendó a los críticos que evalúen el sobredimensionamiento laboral del Congreso.

CONTRA EL “TARJETAZO”

En febrero pasado, Salaverry afirmó que estaba “limpiando la casa” y confirmó que no renovaría las contrataciones de más de 130 trabajadores del Congreso, de los cuales 100 pertenecían a la militancia de la agrupación Fuerza Popular.

“Se acabó el tarjetazo, el padrinazgo en el Congreso”, manifestó en ese entonces Salaverry, quien también es acusado de contratar a hermanas y novias de sus asesores, así como a extrabajadores de su constructora y hasta exbarristas del club de fútbol Carlos A. Mannucci, del que fue presidente.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Fujiapristas quieren tener a los ciudadanos desinformados

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Portadas de diarios en quiosco kiosco de periódicos

Justamente hoy la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso debatirá la Ley de publicidad estatal, que ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad.

La norma busca establecer el régimen jurídico de la publicidad estatal contratada por el Estado en todos sus niveles y se excluyen únicamente los avisos legales que sean ordenados mediante una disposición legal o que se cuente con autoridad administrativa o judicial y la publicación en El Peruano.

Además, se excluye de los alcances de la ley toda la publicidad estatal comercial producida por entidades públicas que participan en el mercado. Esto es peligroso porque no se podrá medir los niveles de corrupción que se pueden suscitar.

Para Bernardo Roca Rey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), los medios privados y estatales deben competir en igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna.

TODA REGULACIÓN ES INJUSTA

“Toda regulación de la publicidad siempre y desgraciadamente favorece a unos u otros medios. Indudablemente que habrá un recorte de información. Lamentablemente se recorta por un lado pero por otro se da en demasía”, dijo el doctor Amoretti.

Por su parte, Alberto Adrianzén manifestó que “es una jugada más del Congreso para enfrentarse con el gobierno, me parece clarísimo que está en esa lógica”, dijo Alberto Adrianzén, analista político.

“Yo creo que lo que quieren es arrinconar a Vizcarra y someterlo en la práctica. Porque mi impresión es que Vizcarra no quiere cerrar el Congreso y por lo tanto la intención del fujimorismo y el Apra es actuar de ese modo, porque saben que eso no va a pasar”, espetó.

“Es decir, acepta someterse al fujimorismo o no acepta. Algo parecido ocurrió la vez pasada con la famosa ‘Ley Mulder’. En definitiva, eso apunta a someter al Ejecutivo”, concluyó Alberto Adrianzén.

LO MEDIOS DEBEN SER REGULADOS

“Creo que en materia de comunicación tiene que haber el máximo de libertad a la opinión de las personas, pero también debe haber una regulación de los medios de comunicación en base a una suerte de reglamento que defina para que no haya monopolio, concentración”, afirmó el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú.

“Reitero que debe haber respeto a la libertad, pero que no haya monopolio y que haya una debida contratación de la publicidad estatal para que no haya corrupción”, concluyó Quintanilla.

La analista política Alejandra Dinegro, precisó que “por una parte tengo entendido que hay un dictamen prácticamente listo y algunos gremios de medios de comunicación han estado en la sesión, habría que ver para qué lado de la balanza se inclinan”.

HAY OPINIONES ENCONTRADAS

“Hay algunos congresistas, como la señora Aramayo, que sostienen que ese predictamen tenía errores garrafales que tenían que subsanarse y verse temas básicos como la transparencia y descentralización, que tenían que estar incluidas”, explicó.

“Lo cierto es que la publicidad tiene que estar descentralizada. Lo otro es la función de los medios que tienen que cumplir principios básicos. Este proyecto tiene opiniones encontradas, no hay una opinión concertada, la mayor parte de los medios están en contra de la regulación de la publicidad, piensan que el Estado es mal administrador”, remarcó.

“Pero, yo creo que estamos frente a una gran oportunidad para lograrse un marco legal y enriquecerlo con los aportes del Tribunal Constitucional (TC), que recoge algunas pautas, yo creo que hay que reforzar el rol del Estado en ese sentido”, subrayó.

HAY MUY POCO MENÚ PARA EL LECTOR

“Hay algunos medios que tienen la concentración al máximo. Hay muy poco menú para que el lector pueda elegir, los grandes consorcios tienen tres o cuatro canales y tres o cuatro periódicos”, explicó.

“Tienen prácticamente el 80% del mercado de los medios de comunicación. Esta es una discusión que ya lleva años, desde el 2013-2014 se estaba discutiendo una ley de medios”, recordó.

“En cuanto a la publicidad estatal considero que se debe equilibrar. Recordemos que el TC declaró inconstitucional la famosa ‘Ley Mordaza’ de los servicios publicitarios que contrata el Estado”, declaró.

ALGO MÁS

“Hay que buscar una ley que sea de buen uso en cuanto a la publicidad que contrata el Estado, sobre todo si sabemos que corre gran cantidad de dinero y hay grandes intereses de por medio”, concluyó Dinegro.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Denuncia contra Pedro Chávarry sí puede verse en esta legislatura

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Zoraida Ávalos

La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra del magistrado supremo Pedro Chávarry sí puede ser revisada en la actual legislatura porque se trata de nuevos elementos de carga probatoria, sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos.

-¿No se puede revisar el caso porque fue archivado en el Parlamento?

-“Cualquier persona con sentido mínimo de entender las dimensiones del derecho lo sabe perfectamente. Si fuera un mismo hecho y con la misma sustentación fáctica, obviamente no pasa, pero en este caso hay nuevos elementos”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Estos elementos nuevos motivan necesariamente a que haya la apertura del proceso a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en esta legislatura, porque se trata de circunstancias nuevas, de carga probatoria. Entonces, tiene que tratarse como una nueva denuncia, por lo que es perfectamente viable que se haga ahora mismo, en la actual legislatura”, precisó.

CHÁVARRY BUSCA VICTIMIZARSE

En otro momento, el titular del Minjus lamentó las declaraciones del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien acusó al presidente Martín Vizcarra de esta detrás de esta denuncia. Zeballos Salinas consideró que Chávarry Vallejos busca politizar su caso al mencionar al Jefe del Estado.

-¿Qué opina sobre lo dicho por Pedro Chávarry de que el Poder Ejecutivo está buscando su cabeza?

-“Yo lamento los comentarios que obviamente ponen en mayor evidencia las circunstancias de faltas graves incluidos los internos. Es de conocimiento público el deslacrado, no es ninguna novedad, todos los peruanos lo hemos visto”, detalló.

-¿Pedro Chávarry busca politizar su caso?

-“Efectivamente, no hay otra lectura para esto y no es un hecho aislado. El día de hoy (ayer) viene el tema de la denuncia de Juan Sheput, ya está la denuncia planteada por la fiscal Zoraida Ávalos, hay denuncias que con anterioridad se han venido impulsado y en estos momentos la decisión por la investidura que se tiene está en manos del Congreso de la República”, subrayó.

ALGO MÁS

“La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos está actuando con absoluta independencia, incluso ha salido el fiscal supremo Ramiro González a poner de manifiesto cómo ha operado todo el proceso, que el fiscal Pedro Chávarry ha tenido conocimiento de cómo se estaba impulsando este proceso, ha habido transparencia en todo momento”, acotó.

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