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Política

Ahora hay que buscar a los responsables de la matanza

Publicado

en

Henry Cotos Campeán
Diario UNO

Tras el fallo de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua que absolvió a más de 50 nativos y mestizos por los sucesos de Bagua, lo que corresponde es identificar a los verdaderos responsables del asesinato de los policías, sostuvo la hermana María del Carmen Gómez.

Ella fue parte de la comisión investigadora creada por el gobierno tras los sucesos del 5 de junio de 2009 que dejaron un saldo de 33 muertos, y quien sacó un informe en minoría que decía lo que dice ahora el Poder Judicial, que no se le puede echar la culpa a los nativos.

Sostuvo que por un lado es bueno que no se culpe a inocentes, pero queda la sensación de impunidad y recordó que en el informe “que elaboramos con Jesús Manacés, analizamos las responsabilidades, y ahí se puede ver que el operativo realizado en la Curva del Diablo es la raíz de las responsabilidades”.

NI POLICÍAS NI INDÍGENAS
“Nuestros hermanos policías e indígenas no son los responsables, los culpables son los que crearon un operativo pésimamente diseñado. Claro que sí hay responsabilidades que es necesario considerar”, manifestó.

La religiosa, que actualmente vive en Bolivia, dijo que no se puede permitir que la muerte de las 33 personas y la desaparición del mayor Felipe Bazán queden en la impunidad.

“No estamos contentos con la impunidad ante la muerte de 33 ciudadanos. Hay que seguir buscando a responsables. Estamos reclamando que está pendiente la responsabilidad de quienes han producido estas condiciones que dieron lugar a estos hechos tan lamentables”, añadió.

“Me solidarizo mucho con los deudos de las víctimas, de los policías y de los indígenas y mestizos fallecidos, y con tantos discapacitados que viven como víctimas de este suceso”, acotó.

María del Carmen Gómez.

María del Carmen Gómez.

LOS RESPONSABLES
Desde el gobierno del último presidente aprista Alan García se dijo de manera reiterada y bastante infundada que los nativos fueron los responsables de la matanza. Hicieron una campaña muy fuerte para culpar a los nativos y pretendieron que pase al olvido que la responsabilidad política es de quienes dieron la orden para ese operativo.

Al respecto los deudos de las víctimas pidieron al Ministerio Público que incluya en las investigaciones a Alan García y a la ministra del Interior de entonces Mercedes Cabanillas a quienes sindican como autores de este operativo que terminó en la matanza.

Para María del Carmen Gómez la sentencia deja en claro la inocencia de los procesados. “Soy parte de las instituciones de derechos humanos que nos hemos dado la mano para estar en todo momento al lado de nuestros hermanos y tengan el acceso a la justicia. Después de un largo juicio, hay una sentencia histórica que hace justicia”, declaró en Ideeleradio.

“Me parece que es un fallo que ayuda a nuestro país a acercarnos a los pueblos indígenas”, aseveró.

INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, quien tuvo a su cargo la defensa de los nativos manifestó que la investgación debe proseguir hasta dar con los verdaderos responsables de la matanza.

“Esto no debe estancarse acá. Se ha absuelto a inocentes, pero la investigación por más que sea después de siete años debe proseguir para identificar y procesar y sancionar a los responsables de la muerte de los policías que no debe quedar impune. Ninguna muerte del 5 de junio del 2009 debe quedar impune”, subrayó.

Quispe consideró que no hay elementos para que el fallo del caso Bagua sea modificado por la Corte Suprema, pero igual se debe estar alerta.

FALLO SÓLIDO
Dijo que la resolución que absuelve a los más de 50 nativos procesados por los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009 “está bien fundamentada, es garantista en todos sus derechos, no solo de los derechos reconocidos a nivel nacional por la Constitución y el Poder Judicial que busca una pluriculturalidad, sino que se ha reconocido los convenios internacionales”.

“Básicamente recoge el Convenio 169 de la OIT, las 100 reglas mínimas de Brasilia, se ha reconocido las disposiciones contenidas en la Corte IDH, y eso es importante para esta sentencia”, puntualizó.

¿QUIÉN APRETÓ EL GATILLO?
El también abogado de IDL, Carlos Rivera, dijo que la decisión judicial fue correcta pero queda un sinsabor pues en la Curva del Diablo y la Estación 6 de Petroperú sucedieron crímenes graves.

“No podemos pasar por alto la muerte de los policías y ojalá el tribunal reflexione. Aquí hay una responsabilidad de la justicia que debe señalar quiénes son los responsables de estas muertes y de la desaparición del mayor Bazán”, comentó.

Añadió que “se debe identificar a quienes apretaron los gatillos para acabar con la vida de los policías”.

Recordó que en el proceso los policías sobrevivientes en el juicio oral, manifestaron que las personas que disparaban contra ellos y sus compañeros estaban encapuchadas y con el rostro pintado, con un polo negro y/o un trapo en la cabeza y no reconocieron ni identificaron a los 53 acusados como los co-partícipes de los homicidios.

MINISTROS
Sobre el fallo del caso baguazo los ministros del Interior Carlos Basombrío y la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello tuvieron opiniones diferentes. El titular del Interior lamentó que siga impune la muerte de 12 policías, sin llegar a cuestionar la sentencia.

“Me parece una ofensa a la memoria de los policías caídos, masacrados en Bagua. Nunca en la historia del Perú, ni siquiera Sendero Luminoso, se realizó una matanza de policías tan grande, sangrienta y atroz, como la que ocurrió en Bagua”, señaló.

En tanto, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, consideró justa la decisión de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua. “Lo que no significa que no hubo personas asesinadas. Si no puedes determinar al autor material, no puedes meter a la cárcel a cualquiera. Hay que buscar al autor material. Hay que pensar que esto nos deja un mensaje de atención”, explicó.

Añadió que la sentencia judicial que absuelve a 52 indígenas no significa impunidad. “No se trata de que se esté cuestionando o avalando Fuente Ovejuna o el asesinato de una persona, este no es el caso del asesinato del mayor Bazán, sino de la Curva del Diablo, y en este caso, no se puede acreditar la responsabilidad de estas 52 personas después de siete años”, comentó.

ADEMÁS
El 5 de enero del 2009, un enfrentamiento que pretendía desbloquear la carretera Fernando Belaunde Terry, en Bagua, Amazonas, tomada por pobladores indígenas durante más de 50 días, dejó 12 policías, 10 civiles muertos y un policía desaparecido. Los pobladores demandaban la derogación de dos decretos legislativos que consideraban, atentaban contra sus derechos territoriales.

Política

Patrones del mal

Publicado

en

Jorge del Castillo y Alan García Pérez

El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, afirmó que el segundo gobierno de Alan García trabajó como una organización criminal al servicio del narcotráfico. El Ministerio Público podría reabrir el caso Narcoindultos y ahora sí llegar a la verdad

Tras revelarse los audios que vincularían al excongresista Jorge del Castillo con el cambio de testimonio de un testigo en el caso Narcoindultos, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, advirtió en entrevista con Canal N que el segundo gobierno de Alan García trabajó al servicio del narcotráfico, en referencia a los indultos y conmutaciones de penas a miles de sentenciados por esta actividad delictiva.

Cateriano consideró que el caso Narcoindultos es de una gravedad que debería indignar a la ciudadanía, y que resulta “inaceptable” que el gobierno de García haya beneficiado a narcotraficantes.

“Estamos ante una organización criminal que benefició al narcotráfico. Esa es la magnitud del escándalo del caso Narcoindultos. Mientras estuvieron en el poder tenían fiscales y jueces supremos a sus servicios, con un Tribunal Constitucional genuflexo”, cuestionó.

En esa línea, señaló que Del Castillo fue el “abogado ciego y fanático defensor de Alan García”. “Así como ocurrió en la primera investigación realizada en la cámara de diputados, también en el segundo gobierno aprista Del Castillo se dedicó a obstruir las investigaciones. Se intentó ridiculizar la labor de Sergio Tejada (presidente de Megacomisión del Congreso), luego vino una confrontación más agresiva, y finalmente una pelea total política de García contra Humala”, recordó.

En otro momento el expresidente del Consejo de Ministros calificó de “escándalo” el hecho de que los fiscales supremos cercanos al fujiaprismo todavía se mantengan en sus cargos, y afirmó que el país no pudo conocer la verdad de lo acontecido con los Narcoindultos porque el Apra y el fujimorismo tenían en la Fiscalía y en la Corte Suprema “dignatarios que los protegían y evitaban la labor de la justicia”.

Cateriano señaló que el narcotráfico representa uno de los flagelos del país y por tanto, que el gobierno de Alan García haya beneficiado a esta actividad criminal merece una amplia y exhaustiva investigación. “Por razones políticas e intereses económicos se ha impedido que el país conozca la verdad, pero esa puede ser una tarea del próximo Congreso: formar una comisión investigadora que no bloquee como hicieron apristas y fujimoristas”, indicó.

llos (el Apra) a lo largo de su historia política han empleado la guerra sucia para confundir y tergiversar los hechos, y como lo decía Alan García, ‘si no puedes convencer, confunde’. En eso el líder aprista fue insuperable, apuntó. Sin embargo, agregó que ya sin inmunidad parlamentaria, Del Castillo tendrá que someterse a la acción de la justicia como cualquier ciudadano.

DEBE REABRIRSE EL CASO

Por su parte, el investigador y especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, coincidió en señalar que el Ministerio Público debe reabrir las investigaciones por el caso Narcoindultos. “No es posible que solo haya una persona en la cárcel por este caso, así que esta es una buena oportunidad para sacar la verdad a la luz”, indicó. Además, advirtió que la atención hacia Jorge del Castillo se está desviando a un tema escandaloso pero más inocuo, dado que el caso del pago irregular una trabajadora en el Congreso no tiene la envergadura de un caso donde se benefició a narcotraficantes.

Antezana señaló que, desde una perspectiva sociológica y al margen de la opinión de la Fiscalía, el Apra ha actuado como una organización criminal. En este sentido, recordó que además del vínculo ahora conocido con el caso Narcoindultos, están las investigaciones por presunta corrupción y vinculación a redes criminales a los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Luciana León.

“Se dice que los partidos no son organizaciones criminales, pero eso es en la literatura; en la realidad muchos terminan siendo controlados por estructuras criminales con varias actividades delictivas sistemáticas”, denunció.

Para el investigador, que el exnarcotraficante apodado “Brasil” haya expresado temor por las presuntas amenazas de integrantes del grupo paramilitar Rodrigo Franco, son un indicador de que sabía con quién se estaba involucrando cuando cambió de versión: “El Apra siempre ha tenido aparato de choque, al margen de cómo se llame. Entonces, si cambias de versión, es por plata o es por amenaza. En este caso es evidente que fue por miedo”.

ALGO MÁS

Finalmente, Antezana incidió en la importancia de que el Ministerio Público profundice en las investigaciones del caso, y advirtió que ante la ausencia del suicida presidente Alan García, el condenado Facundo Chinguel ya no tiene a quien ser leal y, al igual que Luis Nava, podría tener mucho para declarar ante los fiscales.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Hay una campaña para forzar la vacancia de Vizcarra

Publicado

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Martín Vizcarra Cornejo

Hay una campaña orquestada para forzar la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.

Fue al comentar la denuncia sobre el supuesto pago irregular a un consorcio vinculado al Club de la Construcción por parte del gobierno regional de Moquegua cuando estaba bajo su administración en el 2014.

“No [considero] que no se tenga que investigar al Presidente, pero la Constitución es clara cuando se dice que se le investiga y acusa al final de su mandato, y lo que creo es que hay detrás una campaña orquestada para nuevamente forzar una vacancia o una renuncia. Creo que detrás hay eso, y esta campaña por momentos sube en intensidad y baja”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo estoy en contra de eso [de plantear la vacancia], porque viola lo dispuesto por la Constitución y tenemos que aprender a que el Presidente de la República cumpla con su mandato, pero lo que hay acá es una distorsión burda del sistema constitucional con fines políticos para intentar obstruir la acción de la justicia. Así lo veo claramente”, manifestó.

CAMPAÑA NO HA CESADO

El expremier dijo, en ese aspecto, que si el Jefe del Estado ha cometido un acto ilícito se le tiene que sancionar. Refirió, sin embargo, que el intento por sacarlo del cargo, no ha cesado.

“Si el señor Vizcarra ha cometido algún acto administrativo ilícito de acuerdo a la Constitución se le tiene que sancionar al finalizar su mandato. En lo que yo estoy completamente en desacuerdo es que se plantee permanentemente como mecanismo de solución a los problemas del Perú la vacancia del Presidente, que es el lema de campaña de fujimoristas y apristas”, refirió.

“Esta campaña por intentar vacar al presidente Vizcarra no ha cesado, tiene por momentos una intensidad, luego baja, pero hay una constante de que hay que vacar al presidente Vizcarra y es que dentro de este contexto que estoy en contra de estas campañas periodísticas” manifestó

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Política

Rechazó ampliar por 12 meses prisión preventiva contra Belaunde Lossio

Publicado

en

Martín Belaunde Lossio

Martín Belaunde Lossio, quien estuvo vinculado al expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, podría recuperar su libertad en las próximas horas, porque el último lunes se venció el mandato de prisión preventiva de 24 meses que se dictó en su contra.

Después que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción rechazara el pedido de la Fiscalía para ampliar por 12 meses más el mandato de prisión preventiva que se le impuso por el caso Antalsis, el tribunal superior resolvió por mayoría confirmar la decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción que rechazó en primera instancia el requerimiento fiscal.

El pasado lunes, se cumplió el plazo de 24 meses de prisión preventiva dictado contra Belaunde Lossio por el caso Antalsis. El empresario no tiene ningún otro mandato de este tipo por los casos ‘La Centralita’ y Odebrecht, en los que también se encuentra involucrado.

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