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Política

“Actuaremos diligentemente y con celeridad”

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EDUARDO GARCÍA

El pasado 19 de enero, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial le puso la puntería a los jueces que integran la Primera Sala Penal de Apelaciones. La razón no extrañó a un sector importante de la ciudadanía, debido a que emitieron el polémico fallo que dejó en libertad a Fernando Camet (JJ Camet), José Castillo (ICCGSA) y Gonzalo Ferraro (Graña y Montero), todos exsocios de la constructora Odebrecht.

Según el Equipo Especial del caso Lava Jato, todos ellos se consorciaron con Marcelo Odebrecht durante el gobierno del prófugo expresidente Alejandro Toledo para hacerse de obras de infraestructura a través de las famosas coimas por las que se conoce al multimillonario empresario brasilero. Ahora, recae en el despacho de la doctora Ana María Aranda, jefa de la OCMA, descubrir si los magistrados cometieron alguna arbitrariedad.

Por ello, a pocos días de la decisión que revocó la orden del juez Richard Concepción, quien dictó prisión preventiva para Camet y Castillo, y arresto domiciliario para Ferraro, Aranda dispuso que una jueza especializada vea el caso a fin de llegar a la verdad. En diálogo con Diario UNO, la jueza suprema informó que el equipo contralor y anticorrupción que lleva las riendas de la investigación se podría pronunciar en 30 días.

“De los casos que nosotros investigamos, por comportamientos incorrectos, tenemos más o menos un 17% de casos relacionados a corrupción. Las sentencias deben estar motivadas, fundamentadas. No puede ser que un juez decida una situación sin dar razones”, refirió Aranda. “Nuestro deber es controlar a los colegas en cuanto a su desenvolvimiento. Pero no podemos negarlo, hay corrupción al interior del Poder Judicial”.

Fernando Camet

José Castillo

Gonzalo Ferraro
Los empresarios Fernando Camet, José Castillo y Gonzalo Ferraro exsocios de Odebrecht.

—Doctora Aranda, por disposición suya se analiza el fallo que dejó en libertad a los exsocios de Odebrecht.
—Sí, es una indagación preliminar que consiste en acopiar los elementos necesarios para decidir si se va a aperturar una investigación disciplinaria o no.

—¿En qué consiste?
—Consiste en revisar las diligencias anteriores para ver qué se puede encontrar en este caso, que ha tenido mucha repercusión.

—Se sabe que no fue una decisión unánime. El voto de la presidenta de la sala fue discordante.
—Cierto. Fue un voto en mayoría. Los otros dos magistrados se pronunciaron a favor de revocar la decisión de primera instancia, que ordena la libertad de los procesados.

—¿Que haya un voto discordante genera aún más suspicacias?
—La jefatura tiene por política que se revise la actuación de los jueces. Deben comportarse con la mayor corrección. Averiguaremos si se actuó de acuerdo al marco legal.

—¿Ha tenido oportunidad de revisar el fallo?
—No propiamente. Pero todo le corresponde a la doctora Elizabeth Grossman, que lidera el equipo contralor anticorrupción que evaluará al detalle cualquier irregularidad.

—¿Las conclusiones del equipo mencionado llegarán a su despacho más adelante?
—Sí, pero todavía no es el momento.

—¿Cuántos miembros conforman el grupo de trabajo de Grossman?
—Además de ella, cinco abogados más especializados en distintas ramas.

—Pero en su oficina existen más casos que revisar. ¿La OCMA también sufre de sobrecarga procesal?
—Sí, existe gran sobrecarga, la cual ha sido contrarrestada en un porcentaje considerable por la modernidad que estamos implementando a esta área judicial.

—Tomando en cuenta esto, ¿en cuánto tiempo se conocerían los resultados de la indagación preliminar?
—Podrían ser 30 días desde iniciada la evaluación. Pero depende de lo que se avance. Hablamos de un plazo, pero a veces hay que actuar más diligencias y averiguaciones.

—¿Que las partes involucradas no brinden las facilidades podría obstaculizar también las pesquisas?
—Así es. Esperemos que no se llegue a ese escenario. Nosotros actuaremos diligentemente y con celeridad. Notificaremos vía electrónica cada paso que se dé.

—En el caso en que se demuestre que los magistrados cometieron alguna infracción o delito, ¿ellos pueden apelar la decisión?
—Sí, existe esa posibilidad. En líneas generales, la sanción más leve es la amonestación, que es una llamada de atención. Si se da este caso, no llega hasta la jefatura. Lo mismo si se impone una multa.

—¿Y si se trata de una suspensión o propuesta de destitución?
—Si se propone la destitución, que es el término de su carrera, lo que hace el órgano de control es remitirlo al Consejo Nacional de la Magistratura.

—¿Ustedes pueden revisar el fallo al punto de ver si es que este pudo haber concluido de otra manera?
—No podemos, porque eso le corresponde a las instancias jurisdiccionales. En esencia nosotros podemos disentir, pero como estamos haciendo tema contralor, no podemos modificar criterios jurisdiccionales.

—Mencionó que en unos 30 días se podría conocer si dentro del proceder de los jueces se actuó de forma errónea…
—Haremos todo lo posible.

—¿La doctora Grossman interrogará a los magistrados?
—Ella lo decidirá. Cada juez es autónomo, por ende cada uno decide qué tareas realizará para llegar a la verdad.

—¿No hay un proceso preestablecido?
—Sí, y puede ser que sean interrogados, pero eso ya lo decide quien lleva las riendas del caso, en este caso es la doctora Grossman. Si considera citarlos, lo hará.

Ellos determinan si OCMA investigó bien

—Todo quedaría en manos del CNM…
—Así es. Ellos determinan si la OCMA investigó bien o no, y respecto a eso toman una decisión que puede dar por terminada la carrera judicial de un magistrado. Pero hay casos en los que el CNM no llega a estar de acuerdo. Y ahí tiene dos caminos, decir que no está de acuerdo o devolver el caso para aplicar una sanción menor.

—¿Cuánto tiempo podría tardar un proceso de tales características?
—Mínimo un año. Y solo en la OCMA. De allí, el Consejo Nacional de la Magistratura se podría tomar uno o dos años. Todo depende de ellos.

Vamos a ponernos en el escenario de la destitución

—Y de encontrarse razones de peso en torno a la irregularidad de la resolución, ¿cuál sería el peor escenario que afrontarían estos jueces?
—Es muy prematuro decir algo al respecto.

—¿Pero si el despacho de la doctora Grossman lo llega a recomendar?
—En general, luego de transitar por una serie de actos de investigación, y al final, si se considera que estamos ante un hecho sumamente grave, corresponde la sanción de suspensión, o la propuesta de la OCMA al CNM para remover al juez.

—¿Cuál es ese tránsito, doctora?
—Vamos a ponernos en el escenario de la destitución. En los casos de una infracción sumamente grave, se hace la propuesta. Esta pasa a la jefatura de la Unidad, y si la jefatura coincide, sigue la propuesta hasta llegar a mi persona. Y si encuentro argumentos sólidos, enviamos el pedido de destitución, la recomendación, al despacho del señor Guido Aguila.

Política

AG y Keiko pueden ir juntos el 2021 y están buscando impunidad

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en

Keiko Fujimori y Alan García Pérez

El vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, dijo al Diario UNO que es muy difícil creer que el congresista Mauricio Mulder esté preocupado en cuidar el dinero del Estado y que si eso fuera así entonces hubiera impulsado una norma similar como la que hoy prohíbe la publicidad estatal en medios privados cuando era integrante del Foro Democrático en tiempos de Fujimori y Montesinos o cuando fue congresista en tiempos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

“Mire, yo creo que hay un cálculo político. Mulder es congresista desde el 2001 y recién ahora se preocupa por el gasto del Estado en publicidad. ¿Por qué no dijo nada en tiempos de García, en que se gastaron millones, por qué no dijo nada en tiempos de Toledo? Ahora bien, yo creo que se debe regular y fiscalizar el gasto del Estado en publicidad, pero no prohibirla. Mulder ha fomentados que se prohíba la publicidad del Estado en medios privados y por eso ahora hay una lucha legal el Tribunal Constitucional”, dijo.

Mauricio Mulder

UN PACTO

Quintanilla hizo notar que de la bancada aprista solo los alanistas Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén y Elías Rodríguez votaron a favor de la ley mordaza el 15 de junio pasado. “Jorge del Castillo y Luciana León, quienes en estos tiempos están alejados de García, no estuvieron el día de la votación de la norma”, indicó.

El congresista dijo que posiblemente haya un pacto entre alanistas y keikistas en el tema de la referida norma y que el principal operador en este caso sea Mauricio Mulder, alanista confeso y evidente admirador y aliado de Keiko Fujimori desde el inicio de este Congreso.

LO QUE BUSCAN

Quintanilla manifestó que es evidente que la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados entorpecerá al gobierno de Martín Vizcarra y que el Presidente ha reaccionado de manera tardía y se ha unido a los congresistas encargando a su ministro de Justicia presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley.

“Ahora vemos que Vizcarra le responde a Keiko diciendo que sí está bien asesorado en el caso de la norma y es una de las pocas veces que los dos entran en contradicción en público. Ahora bien, a Keiko le interesa llegar al 2021 tratando de limpiar su imagen y creo que ella no quiere que Vizcarra sobresalga a fin de que ella pueda decir que si la eligen como presidenta hará lo que él no pudo hacer. Para eso pueden estar usando la norma”, manifestó.

Según el semanario “Hildebrandt en sus Trece” Keiko ha concedido facultades legislativas al gobierno pero mutiladas, de tal forma que Vizcarra se vea forzado a dejar de lado medidas claves en su anunciada reforma tributaria.

El gobierno no podrá, por ejemplo, “modificar los contratos de estabilidad tributaria de las compañías mineras y la revisión de las ‘exoneraciones tributarias’ que suman 16,497 millones de soles, lo que equivale al 2,19% del PBI”.

Además, en setiembre del 2017, la prensa reveló un audio en el que la keikista Yesenia Ponce dice que Keiko Fujimori le pidió que guardara el proyecto para reactivar Chinecas en Áncash.

“Me llama a su despacho a una reunión y Keiko me dice: Yesenia ¿vamos a ayudar al Ejecutivo? ¿Le vamos a solucionar al Ejecutivo? Nosotros vamos a ser gobierno el 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro”, se escucha decir a Yesenia en el audio difundido por el programa Cuarto Poder.

Alberto Quintanilla

BUSCAN IMPUNIDAD

Quintanilla indicó que si existe un pacto entre los keikistas y alanistas otro de los objetivos claves es buscar la impunidad para Alan García y Keiko Fujimori, quienes hasta ahora están investigados por el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez por presuntamente haber recibido dinero ilegal para la campaña del 2006 García y 2011 Keiko.

“Hay que estar vigilantes a lo que pase en la Fiscalía. García, por ejemplo, quien dijo que iba a colaborar con las investigaciones, ahora ha pedido que separen de su caso al fiscal José Domingo Pérez Gómez. El alanismo y el keikismo buscarán impunidad”, señaló.

IRÁN JUNTOS AL 2001

En 2016 ocurrió en el proceso electoral algo insólito para la política peruana. Alan García, quien en el 2001 había calificado de candidata de los ricos a Lourdes Flores, llevó en su plancha a la lideresa pepecista y los dos en votos no sacaron ni para el té en las pasadas elecciones generales.

Quintanilla sostuvo que es muy probable que García pueda ir a las elecciones del 2021 en alianza con Keiko Fujimori. “Keiko está decida a postular de nuevo. Yo no sé si García lo haga, pero sí es muy probable que los dos vayan en la misma plancha. Eso puede ocurrir y es posible que estén trabajando para ello”, señaló.

 

PACO MORENO

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Entrevista

Cuidado con la elección de procuradores

Publicado

en

Avelino Guillén

Ante la información de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) designará a los procuradores del Estado por elección directa y ya no se convocará a un concurso público para ocupar estos cargos, Diario UNO entrevistó al exfiscal Avelino Guillén, quien dijo que es un grave error, que genera suspicacia porque se debería elegir a los mejores abogados mediante concurso; señaló que una medida de urgencia no se puede convertir en general. Destacó que los gobiernos confunden que los procuradores son sus defensores y no del Estado, que es muy diferente.

Asimismo, indicó que el concurso público permite que haya parámetros como la transparencia y la publicidad mediante la cual cualquier ciudadano puede tachar al postulante si este no resulta idóneo para el cargo. Afirmó que tiene que haber una garantía de la imparcialidad, que sean personas sin ningún cuestionamiento y que tampoco actúen bajo la consigna de una organización política.

—El Ministerio de Justicia ha dejado sin efecto el concurso público para designar a procuradores del Estado y será por elección directa. ¿Qué le parece?

—Me parece una medida errada. Justo ahora cuando el Estado requiere reforzar su defensa, el Ministerio de Justicia está suspendiendo o dejando sin efecto la convocatoria a un concurso. El objetivo era que se seleccionara, mediante la meritocracia, a los mejores abogados para cubrir las plazas de procuradores en los diversos sectores.

Es un grave error, más bien crea suspicacia, crea dudas, en razón de que ya las investigaciones en casos emblemáticos de corrupción, están avanzando y van a entrar a una etapa decisiva, definitoria, donde la participación de los abogados que defienden los intereses del Estado peruano, que son los procuradores, resulta fundamental.

Designar a dedo puede darse en casos excepcionales, de una urgencia para cubrir determinadas plazas, pero no puede ser una medida que cubra a todas las plazas vacantes. Me parece una pésima noticia.

—¿Qué ventajas tiene el concurso público para elegir a un procurador?

—Es necesario porque tiene que regirse bajo las reglas de la transparencia, de la publicidad. La ciudadanía puede tomar conocimiento de quiénes son los abogados que están pretendiendo una plaza y pueden formular tachas y observaciones a una postulación, a una candidatura.

En consecuencia, es una gran ventaja poder elegir a los mejores candidatos en base a sus méritos, a su trayectoria, a su experiencia en litigio penal. Además el concurso público animaría a miles de abogados que ejercen en Lima, a presentarse. Me parece un error de parte del sector justicia.

Lo que pasa es que acá hay un grave error de percepción de parte del Ejecutivo, y era el mismo del gobierno del expresidente Kuczynski, porque se piensa que los procuradores son los abogados del Gobierno, cuando son quienes defienden los intereses del Estado. Y no importa quién está en el poder, la labor va más allá de los intereses de un régimen determinado y defienden los intereses del Estado, es decir de todos nosotros.

—¿Cuán independiente del gobierno de turno debe ser el procurador?

—Toda persona que desarrolla una labor dentro del sector justicia, y en el caso de los procuradores con mayor razón, no debe tener ninguna vinculación ni militancia con ningún partido político. Tiene que ser absolutamente distante de quienes están ejerciendo el poder y, sobre todo, de quienes de alguna forma u otra, están siendo objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público y por el Poder Judicial. Tiene que haber esa garantía de la imparcialidad, tienen que ser personas sobre las cuales no se tenga ninguna sospecha.

ALGO MÁS

—También los procuradores son los que llevan temas como el lavado de activos y el narcotráfico, muchos de ellos vinculados con la política…

—Claro, tienen un trabajo inicial importante en los casos de lavado de activos y de narcotráfico. Por eso espero que el sector justicia recapacite, reevalúe su decisión y podamos próximamente estar teniendo noticias de que el concurso va a continuar. Ya a casi dos años de este gobierno elegido, no realizar un concurso para cubrir todas las plazas vacantes es una noticia que desalienta, es frustrante.

 

YÁSSER GÓMEZ  CARBAJAL

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Política

Presidente Vizcarra responde a Keiko

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en

Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra respondió a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señalando que la demanda de inconstitucionalidad a la “Ley Mulder” que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados se sustenta en una sólida posición.

“Nosotros estamos aconsejados por el Ministerio de Justicia y, como hemos visto, es sólida la posición. Respetamos las opiniones políticas que puedan hacer algunos representantes de los partidos políticos, sin embargo, en este caso no las compartimos, estamos muy bien asesorados”, sostuvo, en respuesta a las críticas hechas por Keiko, respecto a que el Jefe del Estado no está bien asesorado al sustentar que la “Ley Mulder” atenta contra derechos.

Vizcarra precisó que con la normativa no se podrá difundir temas de importancia como la lucha contra la anemia y la estrategia contra las heladas y el friaje que afectan a diversas partes del país.

“Ese tipo de campañas no lo podemos hacer, entonces, hay una gran limitación, y esperamos que finalmente el Tribunal Constitucional determine lo conveniente”, indicó.

ATACÓ EL MIÉRCOLES

El miércoles pasado, Keiko cuestionó al Presidente por la acción de inconstitucionalidad que interpuso contra la “Ley Mulder”.

Keiko dijo que, a su juicio, el Jefe del Estado no está bien asesorado al sustentar que la norma aprobada por insistencia por el Congreso atenta contra derechos.

“El presidente Vizcarra, está siendo mal aconsejado porque él ha señalado que la llamada ‘Ley Mulder’ es una ley mordaza y como ya lo expliqué, no es cierto. Él está en su derecho de hacerlo”, señaló a la prensa.

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