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Política

A ver si AG no se escapa de esta

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Alan García Pérez

El congresista Víctor Andrés García Belaúnde, miembro de la Comisión Lava Jato del Congreso está convencido de las graves responsabilidades, en el caso de Tren Eléctrico, del expresidente Alan García Pérez, del exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo y de otros funcionarios no comprendidos en la coima de US$ 8.4 millones pagada por Odebrecht a Jorge Cuba Hidalgo.

Ayer, declaró a Diario Uno que, pese a que el informe de la comisión ya fue aprobado por la alianza entre los representantes del fujimorismo y del Apra sin considerar un informe técnico que recomendaba denunciar al expresidente García, buscará una alternativa legal de contradecir esa posición.

Dijo que con el apoyo de expertos está considerando las opciones de presentar ante el pleno un informe en minoría o un pliego de observaciones que sean considerados al momento de que los resultados de la comisión Lava Jato sean puestos ante la asamblea.

MORALES, DEL FA, SE ABSTUVO

De ese modo, tendrá que vérselas con la tenacidad del legislador acciopopulista, con la que puso en evidencia a la red de Rodolfo Orellana y ayudó a desbaratarla. Podría lograr algo que en años anteriores no lograron investigadores como Pedro Cateriano y Fernando Olivera.

García Belaúnde explicó que solo cuestiona que el informe sobre el Tren Eléctrico aprobado deje indemne a García, a pesar de que el mismo documento lo considera un factor primordial del favorecimiento que desde el poder recibieron Odebrecht y Graña y Montero, tanto para la adjudicación como para la ejecución de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, con un esquema de corrupción.

Con los votos de las legisladoras fujimoristas Rosa Bartra y Karina Beteta y del aprista Mauricio Mulder Bedoya, la comisión aprobó recientemente su informe en mayoría, que no contiene ninguna recomendación de acción constitucional o penal contra Alan García. Contra el informe votaron García Belaúnde y Violeta, mientras que el parlamentario Humberto Morales, del Frente Amplio, se abstuvo.

García Belaúnde sostiene que tanto Alan García como el exministro de Transportes, Enrique Cornejo, construyeron el andamiaje legal para que los funcionarios ejecutores de los concursos de concesión y de los contratos de ejecución de obras pactaran con Odebrecht y Graña y Montero para favorecerlos, a cambio de una coima de más de ocho millones de dólares.

El favorecimiento fue la invención de un proceso de adjudicación exonerado del SNIP y con el sistema llamado de precios unitarios, totalmente distinto al sistema vigente para otros proyectos, algo similar al que el gobierno de prófugo hizo para el proyecto de la carretera Interoceánica, también a cambio de una coima.

“DESMEDIDO INTERÉS”

Para crear ese marco legal, Alan García expidió 11 decretos de urgencia y un cúmulo de dispositivos menores que constituyen la prueba de un “desmedido interés personal” –según el informe- en facilitar las cosas para un contratista específico.

El Decreto Supremo Nº 081-2010 exoneró al proyecto del control del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El Decreto Legislativo Nº 1017 permitió que Odebrecht y Graña y Montero obtuviesen aumentos del presupuesto por trabajos no establecidos en las bases del proyecto.

Ese marco legal, permitió a los funcionarios de menor rango, establecer agregados o adendas al contrato original, mediante las cuales aprobaron aumentos del costo de la obra en favor de Odebrecht y sus consorciadas, con grave perjuicio económico para el Estado.

LOS DELITOS

García Belaúnde está decidido a recomendar al Ministerio Público que, en el caso del Tren Eléctrico, investigue también específicamente a García por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible, señalando que este último, según el artículo 80º del Código Penal no ha prescrito, pues en el caso de funcionarios el tiempo de prescripción se duplica.

El primero de esos decretos fue el Nº 032-2009 que fue aprobado en una sesión casi desesperada del Consejo de Ministros, en la noche del 19 de febrero de 2009, pocas horas después de que el presidente García, el ministro Enrique Cornejo y Jorge Barata, de Odebrecht regresaran del Cusco, luego de haber inaugurado un tramo de la Transoceánica del Sur. Ese D.U. encargó las obras de la Línea 1 del Tren Eléctrico al ministro de Transportes y Comunicaciones.

A la misma hora y de modo coordinado, se reunió también la asamblea del Municipio de Lima, convocada también de modo extrañamente urgente por el alcalde Luis Castañeda Lossio y acordó gestionar un convenio con el Gobierno Central para que el proyecto del tren pasara a control del MTC. Todo fue hecho a la carrera.

OTRAS RECOMENDACIONES

Para García Belaúnde la investigación del Ministerio Público debe extenderse a Enrique Cornejo por los cargos de colusión, negociación incompatible y lavado de activos.

También señala que debe investigarse por colusión agravada a los exmiembros de Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, Jorge Menacho Pérez y Jesús Munive Taquía. Menacho fue secretario general del MTC, a órdenes de Cornejo.

La lista de investigables del parlamentario incluye al jefe de Provías del MTC, Raúl Torres Trujillo, y al que fuera asesor de García y Cornejo, Oswaldo Plasencia Contreras, por colusión agravada y negociación incompatible, pues facilitaron, en un solo día, el aumento del valor referencial de la obra justo antes de la convocatoria a licitación, beneficiando a Odebrecht y Graña y Montero.

MINISTERIO PÚBLICO

Sobre el Tren Eléctrico, el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público tiene dos investigaciones. Una contra Alan García, Enrique Cornejo y Oswaldo Plascencia por tráfico de influencias que no tiene ningún avance significativo por el desinterés manifiesto del fiscal Hamilton Castro.

La segunda es contra el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, por la coima que negoció y cobró de Odebrecht por US$ 8.4 millones. En este caso, también resalta el desinterés de Hamilton Castro y su brazo derecho, el fiscal Sergio Jiménez, por saber a quiénes más Cuba pagó gran parte del soborno. Tal fue su desdén por el terma que Jiménez archivó un pedido de colaboración eficaz de Cuba Hildalgo, materia por la cual está bajo investigación.

 

ELMER OLÓRTEGUI

Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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