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Política

A mí la plata no me llega sola

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A mí la plata no me llega sola

La Caja Metropolitana de Lima aclaró ayer que el préstamo de 25 mil soles otorgado a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se ajusta a las normas y es legal; la alcaldesa dijo que pidió el préstamo porque la plata a ella no le llega sola, mientras continúa el cargamontón derechista contra ella, al extremo que algunos piden su vacancia, como evidente reacción al cierre de La Parada.

Óscar Vivanco, gerente de la Caja Metropolitana, dijo que el préstamo fue legal puesto y respaldado por las calificaciones necesarias y que la institución que dirige tiene convenios con la Municipalidad de Lima para prestarle a los funcionarios de la comuna así como tiene acuerdos con otras empresas y entidades.

Explicó que en la gestión Villarán, 13 regidores pidieron créditos mientras que en la época del exalcalde Luis Castañeda, 21 regidores los solicitaron. “Del 2003 al 2010 solicitaron créditos 21 regidores por un importe acumulado de un millón y medio de soles. En esta gestión, 13 regidores ha solicitado 430 mil soles”, agregó.

Dijo que “la Caja Metropolitana cuenta con un producto financiero ‘Planilla Cash’ que otorga créditos, mediante convenios, a funcionarios y regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como a las empresas municipales y OPDs. Este producto fue puesto en marcha en el año 1998”.

NINGÚN PROBLEMA
Villarán aclaró que ella cumple con las normas, que no está manchada con casos de corrupción y que si ha pedido un préstamo es porque a ella la plata no le llega sola.

“Soy una mujer que vive de su trabajo. A mí la plata no me llega sola, y como en cualquier familia se presenta una necesidad extraordinaria, pido un préstamo porque soy sujeto de crédito y porque soy buena pagadora”, dijo.

Recordó que como funcionaria y trabajadora de la Municipalidad de Lima tiene todo el derecho de solicitar un préstamo a la Caja Metropolitana de Lima y pagar sus cuotas de manera puntual.

“No hay ningún inconveniente ni ético ni legal que me impida hacerlo como cualquier trabajador. Soy una persona sujeto de crédito, buena en pagar, y como funcionaria de la Municipalidad de Lima tengo el derecho a pedir un préstamo en esa instancia crediticia”, explicó.

La burgomaestre indicó que el préstamo figura en su declaración jurada, que está en poder de la Contraloría.

“Estoy pagando mensualmente el préstamo, me descuentan por planilla, además he presentado mi declaración jurada a la Contraloría General de la República”, argumentó.

“NO ME VAN A TUMBAR”
Villarán indicó que los grupos de poder, los partidos de derecha y algunos medios de comunicación quieren tumbarla porque no aceptan que una mujer de izquierda haya podido atreverse a cerrar el exmercado mayorista de La Parada.

“Mientras ellos quieren tumbarme, quieren descalificarme como mujer y política yo me preocupo por Lima. A mí no me van a tumbar, ni me van a vencer”, subrayó.

Agregó que “no tienen otra cosa que atacarme cuando tenemos hechos históricos en la ciudad de Lima, como la recuperación de las tres hectáreas del mercado de Santa Anita. Ayer, 7 mil toneladas de productos han ingresado a ese moderno mercado mayorista”.

La cita el Congreso
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue citada por la Comisión de Fiscalización del Congreso para que asista el próximo miércoles a la diez de la mañana para que aclare sobre la obtención de un préstamo personal de la Caja Metropolitana de Lima, al igual que otros cinco regidores.

Javier Solís / Juan Rosales 
Redacción 

Política

Las incoherencias de Vilcatoma

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Yeni Vilcatoma

Yeni Vilcatoma parece haber adoptado como estrategia distanciarse del ala dura del fujimorismo, no solo por su decisión de postular al Congreso en la lista de Solidaridad Nacional, sino por las últimas declaraciones en medios de comunicación donde ha dado mensajes contradictorios con su procedencia política y trayectoria.

La exparlamentaria por Fuerza Popular afirmó en entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), que la lideresa del partido naranja, Keiko Fujimori, debería retirarse de la política. “Para mí Keiko Fujimori debería retirarse de la política luego que se ha conocido estos aportes que nunca anunció. Y debe retirarse de la política porque luego de ver sufrir a su familia como ha sufrido nunca más los debería exponer así”, indicó acerca de los millonarios aportes recibidos por parte de grupos empresariales y que no fueron declarados ante el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

TAMBIÉN CONTRA CASTAÑEDA

Luego de desacreditar como política a Keiko Fujimori, la excongresista sostuvo que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, también debería alejarse de la política.

“Ha dado un paso al costado y se está sometiendo a las investigaciones. Yo confío que el Equipo Especial (Lava Jato) está haciendo sus actividades de investigación que hace poco se han dado a conocer”, afirmó respecto a la licencia temporal que Castañeda solicitó a Solidaridad Nacional.

El exalcalde es investigado por presuntos delitos de corrupción vinculados a los aportes que habría recibido para su campaña del 2014 de parte de la empresa brasileña OAS, por lo que cuenta con impedimento de salida del país por 18 meses desde julio.

Hay que indicar que luego de que el secretario general de Solidaridad Nacional, Rafael López Aliaga, afirmó que la excongresista Rosa Bartra fue elegida como candidata por ser la mejor congresista de la historia de la República, Yeni Vilcatoma también destacó su labor en la Comisión Lava Jato. Lo que omitió Vilcatoma es que Bartra postula al Congreso con el número uno en la lista de Solidaridad Nacional, a pesar de que propuso investigar a Castañeda por presunta corrupción en su informe de la Comisión Lava Jato.

FLORES PARA PÉREZ

Días atrás, cuando fue consultada por los millonarios aportes recibidos por Keiko Fujimori, Vilcatoma manifestó sentirse sorprendida por la noticia y no escatimó elogios para el trabajo realizado por el Equipo Especial Lava Jato.

“Saludo la estrategia del fiscal José Domingo Pérez porque ha trabajado una estrategia que ha revelado algo tan igual de grave o más grave todavía que es que se haya recibido financiamiento de todas estas empresas”, declaró a Canal N.

“Estoy totalmente en contra de este tipo de proceder. Recibir dinero siendo un líder político, y no solo me refiero a Fuerza Popular, sino todos los partidos, recibir estos montos millonarios y que no se declaren, que no se hagan conocer a la población y además el grado de influencia que puede haber tenido en la aprobación de determinadas normas. Por eso la ciudadanía está rechazando a la clase política”, comentó entonces.

CONTRATACIÓN IRREGULAR DE SU ESPOSO

Por otro lado, la Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad de Miraflores contrató a Manuel Elera Moquillaza, esposo de la excongresista Yeni Vilcatoma, como locador de servicios para la Gerencia de Seguridad Ciudadana sin justificación.

“La Municipalidad contrató a Manuel Alfonso Elera Moquillaza como locador de servicios para la Gerencia de Seguridad Ciudadana, mediante la orden de servicio n.° 0001159 de 12 de abril de 2018, por el importe de S/ 4,500 no obstante que la necesidad del servicio no se sustentaba en el Plan Operativo Institucional 2018”, indica el informe.

Según el documento, estos hechos han afectado “el correcto funcionamiento de la administración pública”, al generar el pago irregular de S/ 4,500 a un profesional al que no correspondía ser contratado.

Además, el informe de la Contraloría recomienda a la Municipalidad de Miraflores disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan contra cuatro funcionarios involucrados, y advierte al OSCE sobre el incumplimiento cometido por Elera Moquillaza, “quien a pesar de estar impedido para contratar con el Estado, por ser cónyuge de Vilcatoma de la Cruz, contrató con la Municipalidad Distrital de Miraflores, vulnerando lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado”.

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Política

El tribunal de la impunidad

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Ernesto Blume

En tiempo récord y sin mayor explicación, el Tribunal Constitucional desestimó el pedido de aclaración presentado por el procurador del Poder Judicial sobre la sentencia que liberó a Keiko Fujimori. Jurista Juan José Quispe advierte que un nuevo Congreso podría investigar y denunciar a magistrados por el delito de prevaricato.

De un día para el otro. Así resolvió el Tribunal Constitucional (TC) y declaró la improcedencia del pedido de aclaración formulado por el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, sobre la resolución del citado colegiado que determinó la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

Con las firmas de los magistrados Ernesto Blume, Carlos Ramos, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, el TC desestimó en todos sus extremos el pedido de aclaración por considerar que escondía una impugnación a la sentencia cuestionada.

La resolución recuerda que contra las sentencias del TC no cabe impugnación alguna y por tanto, al solicitar el pedido de aclaración que se deje sin efecto la sentencia y, por consiguiente, que se efectúe una nueva votación sobre lo resuelto, el TC determinó que debía ser rechazado el recurso presentado por Palomino.

Sin embargo, llamó la atención que los magistrados del TC no hayan considerado aclarar los puntos en cuestión, al margen de que esto no fuera a variar el estado de las cosas sobre lo ya juzgado. Para el TC, “no cabe aclarar ningún concepto ni subsanar cualquier error material u omisión respecto de la sentencia emitida en autos, pues esta no contiene ningún error ni omisión”.

SIGUEN SIN FUNDAMENTAR

Al conocer la noticia, el procurador del Poder Judicial manifestó sentirse extrañado por la manera “tan célere” en que se resolvió la improcedencia del recurso presentado por su despacho. “Me llamó poderosamente la atención esto porque se presentó ayer (martes) a las 2 y 30 de la tarde y el día de hoy (miércoles) nosotros hemos tenido audiencia en el Tribunal Constitucional desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No sé en qué momento han podido hacer el estudio del pedido que se hizo y que se presentó ayer por la tarde”, afirmó.

Además, expresó su mortificación al comprobar que “no hay mayor argumentación en la resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional”. “Veo una resolución escueta que no ha cubierto cada uno de los puntos que se plantearon en el pedido de aclaración”, comentó.

ACLARACIONES SON NECESARIAS

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, en virtud de que el mismo presidente del TC, Ernesto Blume, solicitó al fiscal Pérez que le envíe las copias de las declaraciones de Jorge Yoshiyama, la resolución del ente constitucional debió explicar cuáles fueron las razones legales para desechar o no considerar como útiles o pertinentes estas declaraciones. “Si eso no consta en la resolución, como ya hemos visto, hizo bien el procurador del Poder Judicial en pedir una aclaración respecto a esta falta de motivación en la sentencia”, apuntó.

“Blume no puede tapar el sol con un dedo. Los votos se componen de decisión y de fundamento, y no es cierto que solamente importe el sentido de la resolución. Están engañando a la población, porque los fundamentos de Blume, Ferrero y Sardón son diferentes al de Carlos Ramos; y si nos vamos estrictamente a los fundamentos, la votación sería de 4 contra 3 y el hábeas corpus hubiera sido declarado infundado”, advirtió.

En ese sentido, el jurista recordó que la posición del magistrado Ramos es más bien de crítica a la posición sustentada por Blume, Sardón y Ferrero. Sin embargo, y a pesar de esto, Ramos votó a favor de la libertad de Keiko Fujimori apelando al argumento del Congreso disuelto, argumento que no fue mencionado por los otros magistrados. Todo esto, sin embargo, no ha ameritado explicación alguna por parte del TC.

MAGISTRADOS PODRÍAN SER  DENUNCIADOS

Además, Quispe señaló que Blume, Sardón y Ferrero han cuestionado indebidamente las decisiones del Poder Judicial, al punto de pedir sanciones contra el juez Richard Concepción Carhuancho, e incluso afirmar que no habrían pruebas contra Keiko Fujimori para ser procesada por lavado de activos.

“A pesar de no ser de su competencia pronunciarse sobre la casación de Keiko Fujimori, por no ser materia del hábeas corpus, los magistrados se pronuncian sobre los fundamentos de los jueces supremos en dicho recurso de casación. Esto se llama prevaricato, porque están resolviendo más allá de lo que establece la ley. Debieron evaluar si hubo vulneración de los derechos constitucionales de Fujimori Higuchi pero se han pronunciado sobre todo”, explicó.

Por ello, el jurista consideró que podría haber una acusación constitucional contra los magistrados Blume, Sardón y Ferrero, ya sea desde la Fiscalía, por el propio procurador del Poder Judicial o por iniciativa de algún congresista cuando se instale el próximo Parlamento.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Presidente Vizcarra acepta renuncia de Petrozzi al Ministerio de Cultura

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Francesco Petrozzi

El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que el ministro de Cultura, Francesco Petrozzi, presentó su carta de renuncia, la misma que ha sido aceptada.

“En los próximos días designaremos a su reemplazo en el sector Cultura para continuar con la tarea ardua con miras al bicentenario, en función de una agenda muy importante”, afirmó.

Tras su participación en el I Foro Internacional Cultura del Agua, dijo que se refería a este caso para acabar con el tema porque considera que hay temas importantes como la cultura del agua y otros que concitan atención de toda la población.

“Ha presentado su carta de renuncia está mañana, la hemos aceptado, eso quería dar a conocer sobre este tema”, refirió.

DEMANDA COMPETENCIAL

El mandatario, asimismo, dijo que existen argumentos sólidos sobre la posición que tomó el Ejecutivo el 30 de setiembre cuando disolvió el Congreso, decisión que está siendo evaluada hoy en el pleno del Tribunal Constitucional como parte de la demanda de competencia.

Indicó que hoy el procurador público en materia constitucional, Luis Alberto Huerta, sustentó los argumentos planteados en el documento presentado por escrito ante este organismo, y será el Pleno del TC el que tomará la decisión. “Lo que determine se respetará”, puntualizó.

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