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Política

40 años después del levantamiento popular contra la tiranía, la revolución continúa

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40 años después del levantamiento popular contra la tiranía, la revolución continúa

Los costos. Ya no somos capaces de asumir los costos: especialmente en las izquierdas de los países capitalistas, donde te enseñan a aceptar el mecanismo, desde que lanzas el primer grito como “ciudadano consumidor”. Nos referimos a los costos de los cambios verdaderos, los que, desde Espartaco a Lenin, han permitido a los oprimidos estrangular a los opresores apretando sus cadenas alrededor de sus cuellos. “No importa si no comemos durante un mes, porque no hemos comido en 44 años”, gritaban los nicaragüenses mientras luchaban por liberarse de las garras de la dictadura somocista, la más antigua del continente.

En el año anterior a la victoria del Frente Sandinista, que tuvo lugar el 19 de julio de 1979, mientras avanza el levantamiento popular, las fuerzas imperialistas están haciendo todo lo posible para obtener el rendimiento de la población: además de alimentos, no hay luz, no hay agua. Las escuelas están cerradas. Los estudiantes usaron los bancos para construir barricadas, intercambiaron libros con armas de cualquier tipo: bombas de artesanía, pistolas, piedras.

Unos meses antes, el dictador Somoza recibió en préstamo de los Estados Unidos 20.160.000 dólares para la compra de armas con las cuales prometió liquidar a “los insurgentes, los subversivos”. El entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, le envió una carta de felicitación por los avances logrados en el campo de… los derechos humanos.

Mientras tanto, un exveterano de Vietnam publica abiertamente un llamado en los periódicos estadounidenses para reclutar mercenarios para ser utilizados contra los sandinistas. Más de 1.000 responden con la misma franqueza, sin que intervenga ninguna autoridad para evitarlo.

Entonces el mundo todavía está dividido en dos bloques, la lucha contra el comunismo es sin cuartel. De Chile a Brasil, que junto con Argentina, España, Francia e Israel suministran armas y mercenarios a Somoza, se levanta la alarma contra “el castro-comunismo que, gracias a la lucha contra Somoza en Nicaragua, está poniendo pie firme en el continente”.

Los defensores de las democracias de estilo occidental, como lo es el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, están pidiendo la intervención de la OEA para poner fin a la “guerra civil”. Desde el exilio, el poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal, que apoya a los sandinistas, responde: “En Nicaragua no hay una guerra civil, sino un levantamiento popular contra la tiranía”.

Una tiranía bien apoyada por las grandes multinacionales, de las cuales Somoza es socio, además de contar con amigos poderosos en Washington por haber estudiado en la academia militar de West Point, donde se forma la élite de los Estados Unidos.

Sus padrinos de América del Norte están convencidos de que, si él cae, incluso las dictaduras centroamericanas que apoyan no tendrán una larga vida, ya que se verán afectadas por la resistencia popular y por la guerra de guerrillas: desde Salvador, desde Honduras hasta Guatemala.

En América Central, las masacres se suceden unas a otras, pero uno no piensa en llorar o ser víctima, en lugar de denunciar y organizarse. En el libro “Nicaragua 1978”, del periodista brasileño Paulo Cannabrava Filho (que hoy en día ya no apoya al gobierno de Ortega), se encuentran algunas entrevistas con los guerrilleros y guerrilleras de la época.

Voces que aún servirían para refrescar ideas a aquellos que, sobre todo en Europa, se refugian en una visión del mundo basada en una moral de un solo sentido y no en la historia como una necesidad y un choque de intereses opuestos.

Presentamos aquí el fragmento de la entrevista con Dora María Téllez, nombre de batalla “Comandante Dos”, hoy alineada contra el FSLN y integrante del MRS. Cannabrava pregunta: “¿Cuándo participaste en tu primera acción de guerrilla?” Téllez responde: “En octubre del año pasado”. “¿Qué tipo de acción fue? ¿Es posible saberlo? “” Organizamos una gran emboscada en San Fabián, contra la Guardia Nacional. Murieron 18 guardias y hubo varios heridos “. “¿Y vosotros?” “Sin pérdida”. “¿Fue un ataque a un cuartel o qué?” “Fue una emboscada. Íbamos al cuartel de Ocotal, pero teníamos que luchar primero “. “¿Qué papel tuvo usted?” “Manejé una ametralladora”, “¿Qué tipo de ametralladora? “Una ametralladora de 30 mm”. “Es más grande que usted, ¿no?” “Es más grande y más pesada que yo”. “¿Cómo se sintió?” “Tranquila…”

En la fase final de la ofensiva contra Somoza, el campo de los que quieren liberarse de la dictadura se amplía, favoreciendo la acción del Frente Sandinista, que tiene una visión marxista y tiene la intención de empujar el reloj de la historia hacia el socialismo. Sacerdotes, monjas, obispos, pequeños burgueses y sectores empresariales se están uniendo, ahora incómodos con la dictadura. Incluso la creación de alianzas implica un costo, y la factura puede aparecer después.

Muchos van a Nicaragua de todo el continente. En este sentido, el ensayo de Cristian Pérez, “Compañeros, a las armas: combatientes chilenos en Centroamérica (1979-1989)” describe la historia de los hombres y mujeres chilenos que se graduaron como oficiales en las escuelas militares de Cuba y otros estados socialistas, que lucharon en la revolución nicaragüense, en la guerrilla salvadoreña y luego regresaron a Chile para luchar contra Pinochet. Los internacionalistas también vienen de Europa, especialmente después de la victoria del sandinismo y cuando el viento de la revolución comienza a desvanecerse en sus propios países.

A finales de los años setenta, en Italia había lucha y guerrilla. El deber de todo internacionalista de cambiar las cosas a fondo en el país en el que vive continuaba siendo un imperativo categórico. Pero cuando la hipótesis revolucionaria se aleja en la Italia de las grandes reestructuraciones económicas, el Sandinismo victorioso en Nicaragua constituirá un atractivo para más de uno: hasta el cambio de marcha que devolverá la derecha al comando y la crisis dejará huérfanos y decepcionados de cualquier tipo.

El libro de Ines Arciuolo, “A casa no volveré”, ofrece un pequeño ejemplo. Arciuolo se encuentra entre los 61 obreros despedidos por Fiat en octubre de 1979 como parte de la “lucha contra el terrorismo”. Otros 23.000 serán expulsados el año siguiente, con el respaldo de las confederaciones sindicales y el entonces Partido Comunista. Después de ser expulsada de la fábrica, Arciuolo se mudará a Nicaragua por cinco años y volverá decepcionada.

40 años después del levantamiento popular contra la tiranía, la revolución continúa

Muchos periodistas e intelectuales que habían ido “en el camino de Sandino”, seguirán las contorsiones de esos 31 diputados, en los 39 elegidos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que abandonan el partido para dar vida a un nuevo sujeto político, el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), que nació el 18 de mayo de 1995.

Dirigido por el exvicepresidente de la República, Sergio Ramírez, el MRS reúne nombres famosos como el exsacerdote y exministro de Cultura Ernesto Cardenal y algunos excomandantes como Doria María Téllez quien, al lanzar toda la cruz de la crisis del FSLN sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo, prometen volver al sandinismo original. Su práctica, comenzando con la alianza en la Convergencia Nacional, será de un signo diferente.

Dos indicadores esenciales permiten medir los términos de una acción política, incluso en los períodos más oscuros: la cuestión social y la antiimperialista. En un caso y en el otro, el MRS ha demostrado que está buscando en otra parte, primero siendo inexistente como oposición parlamentaria, y luego oponiéndose a las nuevas alianzas de solidaridad Sur-Sur que surgieron con la victoria de Chávez en Venezuela.

Los que acusaron a Daniel Ortega de haber abandonado el uniforme verde oliva y el marxismo para vestir la ropa del pragmatismo y el cristianismo no han tomado la bandera de Sandino, el “general de los hombres libres”, sino la bandera del imperialismo, en una manera abierta o disfrazada, incitando a la violencia desatada en Nicaragua el año pasado en el modelo de “revoluciones de color”.

Obviamente, nadie puede creer que el FSLN haya surgido de nuevo de las cenizas como el Fénix sin haber perdido algunas piezas en el camino: menos de todos los revolucionarios sandinistas, que saben lo que significa ganar y luego ser derrotados, hundirse en las profundidades del neoliberalismo y volver a ganar en un país inmerso en la globalización capitalista.

Sin embargo, a pesar del contexto cambiado, tanto a nivel interno como internacional, el FSLN de hoy mantiene un hilo preciso entre las intenciones de ayer y las de hoy, cuando se define a sí mismo como “cristiano, solidario y sandinista”. Acusar a un dirigente de todos los males, por carismático y representativo que sea, significa deshacerse de los problemas.

Continuemos a leer la entrevista de Cannabrava Filho a Dora Téllez. El periodista brasileño le pregunta: “¿Respetaría un gobierno popular democrático la propiedad privada?”, Y ella responde: “Sí. Esto está muy claro en nuestro programa. Vamos a expropiar los bienes de los Somoza, de los somocistas militares y de los somocistas civiles que conocemos y que sabemos que están del lado de los Somoza y de la explotación. El treinta por ciento de la tierra cultivada es de Somoza. La Fábrica de Azúcar de Montelimar es de Somoza, Transportes Marítimos MAMENIC, la única línea aérea, LANICA; el puerto es de Somoza; granjas ganaderas, granjas algodoneras, fincas cafetaleras; todo, incluso el Plasmaféris, que trata de la sangre humana. Los capitalistas restantes son las migajas”.

El cuestionamiento de las relaciones de propiedad es ciertamente un indicador de la relación entre reforma y revolución, entre el campo de lo posible y el de los ideales. Cuando el capitalismo se siente fuerte y se ve amenazado por sus intereses, incluso el campo de las reformas se cuestiona, como sucedió en Europa, en Brasil y como el Fondo Monetario Internacional hubiera querido que sucediera incluso con la reforma de la Seguridad Social en Nicaragua.

Por lo tanto, apoyar los intereses de clase es siempre un buen indicador, un estímulo para hacer avanzar el reloj de la historia hacia el socialismo. Pero cuando el foco de las protestas comienza desde las universidades claramente desplegadas en el campo de los poderes fuertes (como el UPOLI de Nicaragua, propiedad de una iglesia protestante en los Estados Unidos); cuando hay un choque de hegemonías entre los Estados Unidos y China con respecto al Canal interoceánico; Cuando Trump pone a Nicaragua en la troica de países que serán demolidos junto con Cuba y Venezuela, no puede haber duda sobre el uso instrumental de contradicciones, debilidades e incluso errores. Volver la mirada de Nicaragua y del continente latinoamericano a Miami sería un error mortal.

La revolución sandinista, la última del siglo pasado, fue un laboratorio de esperanzas y expectativas, y aún está llena de enseñanzas y preguntas abiertas a la historia, especialmente sobre los costos que deben asumirse si uno decide confiar en los votos o en las armas. Lo vemos, de alguna manera, en Venezuela: desactivar la guerra interna, desatada por las mismas fuerzas que la financiaron en Nicaragua, puede conllevar costos, ya que conlleva asumir la constante dialéctica entre conflicto y consenso cuando se decide no proscribir o reprimir la burguesía.

Una puerta estrecha que se propone hoy de nuevo ante la crisis de la democracia burguesa y el cierre de espacios de viabilidad y seguridad para una oposición verdaderamente alternativa al capitalismo. Se ve en Colombia u Honduras, pero también en los Estados Unidos y en Europa. Cuando la memoria histórica no se destruye, dejando espacio o asumiendo el cuento de los vencedores, uno puede aprender de las derrotas.

Se puede aprender de la caída de la Unión Soviética, de la resistencia de la revolución cubana, de la caída de Allende y de la Nicaragua sandinista, que ha cerrado un ciclo, pero no la perspectiva.

 

GERALDINA COLOTTI
FARODIROMA.IT

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Política

Es una mordaza a la información

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José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

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Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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