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Política

Ordenan captura de empresario Lorenzo Sousa de Barbieri

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El Poder Judicial declaró reo contumaz al empresario Lorenzo Alejandro Víctor Sousa de Barbieri y ordenó su detención policial, ante el incumplimiento de medidas de conducta establecidas en una condena por difamación.

La orden fue emitida el 9 de abril y Juzgado Unipersonal de Cusco y enviada al Jefe de la Policía Judicial de la Ciudad Imperial y al Jefe de Requisitorias de la Policía Nacional, por lo que tiene vigencia a nivel nacional y deberá ser detenido en caso que intente salir del país.

La medida judicial se suma a una serie de denuncias, juicios y sentencias condenatorias que incluyen la denuncia del empresario Rafael López Aliaga Cazorla, de actitudes hostiles de Sousa de Barbieri contra su persona, presentada ante el 25° Juzgado Penal de Lima, con expediente N° 16-2008.

A raíz de ello, en mayo de 2008 el Ministerio del Interior, a través de la Gobernación de Lima Oeste, otorgó a López Aliaga garantías personales en contra del querellado Sousa de Barbieri y obligó a este, a no perturbar la tranquilidad del denunciante que, pese a ello, el 2 de julio de ese año envió a López Aliaga mensajes amenazantes e insultantes.

Ante ello, el juez a cargo convocó a ambos a conciliar y, en su presencia, Sousa de Barbieri pidió disculpas al querellante y fue conminado a abstenerse de volver a incurrir en la misma conducta ni en este ni en ningún caso.

OTRO CASO

Sin embargo, el 18 de febrero de 2009 Sousa de Barbieri insultó, en un restaurante de Miraflores a Javier Riofrio y Daniel Aymar, obligó a los mozos del local a expulsar a ambos y usó a su seguridad para amedrentar a Riofrio y Aymar.

El caso fue denunciado judicialmente y Sousa de Barbieri fue condenado el 20 de octubre de 2011, sentencia confirmada por el Colegiado Superior, aunque fue declarada la reserva del fallo por un año de prueba, con la obligación del condenado de cumplir reglas de conducta como no cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización y acreditar su presencia mensualmente ante el Juzgado.

Ante el incumplimiento de esas normas, en julio de 2014 la Reserva de Fallo Condenatorio fue revocada y se le aplicó la pena de dos años de prisión suspendida, quedando el reo sujeto a normas similares de conducta, bajo apercibimiento en caso de incumplir.

En diciembre de 2015, el Juzgado le amonestó al sentenciado por incumplimiento de las reglas de conducta antes mencionadas y lo emplazó a cumplirlas, nuevamente bajo apercibimiento.

Sousa de Barbieri tiene denuncias en diferentes juzgados desde el 2008 al 2016.

DEUDA POR PENSIÓN DE ALIMENTOS

De otro lado, según consta en el expediente N° 22060-2011 del 11º Juzgado Penal de Lima, el 20 de agosto de 2009, Sousa de Barbieri firmó un acta de conciliación con Sandra Carmen María Jiménez de Tode, madre de su hija y se comprometió a pagar los gastos escolares de su menor hija adeudados y US$ 800 dólares mensuales de pensión alimenticia.

Tampoco cumplió, ante lo cual la madre de su hija le inició un proceso ante el 3° Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro, que el 29 de octubre de 2010 dispuso el impedimento de salida del país del demandado hasta que o garantice su cumplimiento.

El mismo expediente consigna que en marzo de 2011 el empresario pidió al Juzgado que se le levante el impedimento de salida del país, para lo cual adjuntó una carta de garantía falsa de pago de lo acordado, emitida supuestamente por la empresa Perú Rail S.A.

El documento tenía la firma falsificada de Mariela Sánchez Olcese, como supuesta Representante del Departamento Administrativo, cuando realmente era secretaria de la empresa, pero le sirvió para sorprender al 3° Juzgado de Paz Letrado de Lince, para que levante el impedimento de salida de país.

REINICIDENCIA Y ESCÁNDALO

Pese a la gravedad de los hechos, Sousa de Barbieri fue condenado como autor del delito contra la Función Jurisdiccional, con dos años de pena privativa de la libertad suspendida y otra vez le aplican las reglas de conducta, lo que tampoco cumplió, por lo que en julio de 2016 la pena fue ratificada. El condenado apeló y el caso sigue pendiente.

Además, en marzo de 2011, Sousa de Barbieri denunció a Wilbert Villafuerte Mogollón y Javier Alarcón Prieto como supuestos miembros de una organización criminal, cuyo rol era dar apariencia de legalidad a actos delictivos.

Por ello fue condenado por el delito de denuncia calumniosa a dos años de prisión suspendida, sujeto a normas de conducta.

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