Propuesta de Mulder es para controlar la prensa

El aprista Mauricio Mulder se suma a la pretensión fujimorista.

Augusto Álvarez Rodrich

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

El periodista y presidente del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Augusto Álvarez Rodrich, dijo al Diario UNO que el Proyecto de Ley 2133 presentado por el congresista aprista Mauricio Mulder, y que pretende evitar que los medios de comunicación privados reciban publicidad estatal, se inscribe en un contexto de amedrentamiento del Apra y el Fujimorismo.

“Sin duda, el proyecto se inscribe en el contexto de un amedrentamiento a la prensa en general, porque no es el único proyecto que se ha presentado. Hay al menos 10 proyectos del fujimorismo y el Apra que buscan afectar de diversas maneras la libertad de expresión”, sostuvo el periodista.

Tras recordar que en el Perú no ha habido ningún antecedente de propuestas de este tipo, Álvarez Rodrich dijo que se trata de un mal proyecto que afecta a la libertad de información como un derecho de la población.

“Es un mal proyecto que afecta a la libertad de información como un derecho de la población y de manera indirecta afecta a la libertad de expresión a través del uso de prohibiciones estatales que están proscritas por la Convención Americana de Derechos Humanos”, señaló tras indicar que se debe debatir el tema para mejorar la calidad, efectividad y la inversión estatal en medios privados, debiendo prevalecer criterio técnicos y no políticos.

“Hay que plantear reformas para el mejor uso de la publicidad estatal, pero cortarla implica afectar el derecho a la libertad de información”, finalizó.

Alejandra Aramayo

Alejandra Aramayo

DIEZ AMENAZAS FUJIAPRISTAS
Desde el 2016, la bancada de FP presentó nueve proyectos de ley que amenazaron seriamente la libertad de expresión. La reciente propuesta de Mauricio Mulder es la primera hecha por el Apra pero respaldada por el fujimorismo.

El 1 de setiembre del 2016 William Manterola propuso modificar el artículo 40 de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión, que extiende el horario familiar a lugares públicos con posible acceso de menores durante la prestación del servicio.

El 12 de setiembre de ese año, José Palma propuso declarar de interés nacional el fomento de la cultura a través de los medios de comunicación social, tanto públicos como privados, de preferencia en los programas de horario familiar.

El 3 de marzo del año pasado, Héctor Becerril presentó a la Comisión de Trabajo y de Economía una propuesta que obligaba a los medios de comunicación a destinar 2% de sus ventas anuales a un “fondo nacional del seguro social del canillita (Fonass-CAN)”. En la práctica, se crearía un impuesto adicional a los medios de prensa escritos, calculado sobre sus ventas.

El 7 de marzo, Úrsula Letona y Alejandra Aramayo presentaron a la Comisión de Constitución el proyecto de ley “que protege las libertades y derechos informativos de la población”; este proponía que los condenados e investigados por delitos de corrupción en agravio del Estado no puedan ser directores periodísticos, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerentes generales o apoderados de un medio. Asimismo, plantea la creación de una “veeduría ciudadana” regulada por el Ministerio de Transportes. La polémica hizo que la bancada retirara la propuesta.

El 22 de marzo, Modesto Figueroa planteó a la Comisión de Fiscalización modificar la Ley de Contrataciones del Estado, derogando el literal g de su artículo 27. Este habilita a las entidades estatales a contratar directamente con medios por publicidad.

El 31 de marzo, Letona y Aramayo presentaron una nueva propuesta de control de medios en que ya no incluía el artículo donde se prohibía que aquellos que sean investigados ocupen cargos en medios. La propuesta incluía la prohibición solo a los condenados por corrupción.

En junio, un nuevo proyecto, presentado por Miguel Castro y Carlos Domínguez, apuntaba directamente al Instituto de Radio y Televisión (IRTP), proponiendo otorgar 30% de la programación diaria para las actividades del Ejecutivo, del Congreso y del Poder Judicial. En la exposición de motivos de la iniciativa, se advierte que la televisión de Estado “no ha priorizado la cobertura, ni la emisión de las noticias que corresponden al Poder Legislativo, ni Judicial, olvidando que su objetivo principal es servir a que los ciudadanos se acerquen más al Estado”.

El 17 de julio José Palma propuso la incorporación del artículo 154-b al Código Penal para sancionar con penas de prisión de tres a seis años a los que difundan videos íntimos sin consentimiento.

El 3 de octubre Héctor Becerril presentó su proyecto ante la Comisión de Justicia, a fin de sancionar la difusión no autorizada de chats. El proyecto buscaba penalizar la publicación de conversaciones de mensajería instantánea, y plantea la pena privativa de la libertad –hasta por dos años– por publicar “una comunicación telefónica o la grabación de la misma”.

Fujimorista Letona  y Mulder buscan amordazar la libertad de prensa condicionando la publicidad estatal.

Fujimorista Letona y Mulder buscan amordazar la libertad de prensa condicionando la publicidad estatal.

PROPUESTA INOPORTUNA
El pasado 15 de noviembre, el mismo día en que la selección peruana de futbol definió su clasificación al Mundial Rusia 2018, el congresista del Apra, Mauricio Mulder, presentó el Proyecto de Ley 2133 que consiste en que las entidades públicas “podrán publicitar sus tareas de gestión únicamente en medios de comunicación del Estado a tarifa costo”.

El texto del proyecto señala: “Queda prohibida toda publicidad en medios privados, bajo responsabilidad. No se considera como tal el trabajo periodístico tales como reportajes, entrevistas, conferencias de prensa y similares, las que se pueden desarrollar libremente sin que supongan pago alguno al medio de comunicación. La infracción a esto será considerada delito de malversación”.

El proyecto tiene además las rúbricas de los legisladores apristas Javier Velásquez Quesquén (vocero) y Elías Rodríguez Zavaleta (secretario general aprista).

PROYECTO “TÉCNICAMENTE MAL HECHO”
Como “desafortunado” y “técnicamente mal hecho” calificó el especialista en materia de libertad de expresión, Roberto Pereira, el proyecto de ley de Mauricio Mulder.

También recordó que esta discusión no es nueva y se originó durante el gobierno de Alberto Fujimori “donde se utilizó publicidad del Estado como mecanismo para premiar o censurar posturas contrarias al gobierno”; sin embargo, reconoció que se podría afinar algunos mecanismos de control sobre las reglas “especiales” que actualmente rigen para la contratación de publicidad estatal en medios de comunicación.

En esa línea, dijo que podrían establecerse algunos “criterios orientativos” en la legislación de tal forma que la contratación de publicidad tome en cuenta aspectos de audiencia, ámbito geográfico, impacto en la comunidad etc.

FUJIMORISMO DE ACUERDO
La congresista fujimorista Lourdes Alcorta sostuvo que la posición “de casi todos” en la bancada de Fuerza Popular (FP) sería apoyar el proyecto de ley ya que “hay un exceso de gastos en propaganda del Estado”.

No obstante, considera que sí debe haber una mínima parte de anuncios en los que solo se informe sobre campañas de vacunación, de entrega de casas, entre otros.

Asimismo, Alcorta agregó que el Estado al pagar espacios en los periódicos, puede conseguir que no se publiquen noticias en contra. “La prensa en general debe ser objetiva e informar los hechos”, acotó.

El también el fujimorista Carlos Tubino comentó que tal y como ocurre en países como México, el proyecto de Mulder debe ser debatido a fondo.

Indira Huilca - Marisa Glave - Tatiana Pariona

NUEVO PERÚ RECHAZA PROPUESTA APRISTA
La bancada de Nuevo Perú no apoyará la propuesta de Mulder; así lo informó ayer la congresista Indira Huilca, quien además sostuvo que el Proyecto de ley 2133 “no resuelve el problema de fondo”, sino que más bien “enciende las alertas” sobre el uso de esta herramienta con fines de revanchismo político.

También dijo que su bancada propuso la postergación del debate del proyecto de ley en el Pleno,

“Este proyecto, a pesar de que puede recoger una preocupación legítima, no resuelve el tema de fondo, sino que más bien enciende las alertas sobre la posibilidad de un control dirigido de la publicidad a manera de una especie de revancha política”, dijo la congresista a una radioemisora local.

“Estamos en un momento de tensión, no hay que negarlo. Apresurar la discusión y la aprobación no es la mejor manera de defender este tema”, señaló.