“El Estado tiene que acatar decisión de la Corte”

Dice el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

Duberlí Rodríguez

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, se pronunció sobre la audiencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará el próximo 2 de febrero para evaluar el indulto que le concedió el presidente Pedro Pablo Kuczynski al dictador Alberto Fujimori.

Sostuvo que el Estado peruano debe “acatar” lo que resuelva la instancia internacional, que tiene competencia para emitir una decisión en el marco de las sentencias por los crímenes en Barrios Altos y La Cantuta, casos en los que tuvieron participación.

“En tanto somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y este sistema está tutelado por la Corte Interamericana, que es un órgano de justicia supranacional, el Estado peruano tiene que acatar (lo que resuelva sobre el indulto)”, dijo el juez supremo en diálogo con Ideeleradio.

“Si la Corte lo ordena, y como nosotros aceptamos la competencia de la Corte Interamericana, entiendo que así será, pero obviamente habría que esperar qué va a ocurrir”, añadió en otro momento.

Fujimori, quien fue condenado a 25 años por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros al periodista Gustavo Gorriti y Samuel Dyer recibió el indulto de PPK y derecho de gracia cuando cumplía apenas 12 años de la pena impuesta en el 2009.

Rodríguez aclaró también que cuando el exmandatario fue sentenciado “no existía el delito de lesa humanidad” en la jurisprudencia nacional. En esta línea comentó las posiciones surgidas respecto a que la Corte no podría anular el indulto puesto que la condena no tiene dicha calificación.

“Ahora sí existe (la calificación de lesa humanidad). Antes por el delito de homicidio la pena máxima era 25 años y se puso la pena máxima (…) Por el principio de legalidad, uno no puede ordenar lo que no está previsto en la ley”, sentenció.

ALGO MÁS
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que no sabe cuál será el sentido de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que el Estado debe acatar lo que diga.