Fiscal apela decisión de juez que protege a Keiko

Con esa medida no se levantará secreto bancario a hija del reo. En Ministerio Público consideran como un golpe en lucha contra la corrupción que PJ haya rechazado pedido para que caso cocteles se investigue con Ley de Crimen Organizado.

Keiko Fujimori - José Domingo Pérez Gómez

HENRY COTOS CAMPEÁN

El fiscal José Domingo Pérez Gómez, de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, apeló la decisión de la jueza Catalina Pérez, quien rechazó el pedido para investigar a Keiko Fujimori y a su esposo Mark Vito mediante la Ley de Crimen Organizado bajo la norma que se aplica por supuestamente pertenecer a una organización criminal en el contexto del denominado caso “cocteles”.

Para el Ministerio Público ha sido un duro golpe en la lucha contra la corrupción que la jueza Pérez Escalante haya rechazado el pedido presentado por la Fiscalía para levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de Keiko y su esposo, luego de argumentar que “no tiene competencia para revisar el caso ‘cocteles’ porque no se aplica a la Ley de Crimen Organizado”.

LOS FUJIMORISTAS
La decisión de la jueza, sin embargo, no pone fin a las investigaciones que viene realizando el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko tras ser aludida en el celular de Marcelo Odebrecht con la frase: “Aumentar a Keiko 500 e eu fazer visita”, y citó a seis congresistas fujimoristas.

Los parlamentarios que deberán fijar fecha, lugar y hora para su declaración son Cecilia Chacón, Luz Salgado, Rolando Reátegui, Rosa Bartra, Luis López Vilela y Liliana Takayama.

Antes de eso, la Fiscalía cursó citación a otros congresistas de la bancada de Fuerza Popular para que declaren al respecto, entre ellos Leyla Chihuán, Carlos Tubino, Octavio Salazar, Freddy Sarmiento, Segundo Tapia, Federico Pariona, Karina Beteta y Claudia Schaefer.

A este grupo la Fiscalía también lo instó a señalar la fecha, la hora y el lugar para que rindan su testimonio.

DESESTIMA PEDIDO FISCAL
El diario Correo informó ayer que según la titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria que indaga de manera preliminar a Fujimori y Vito, “al no existir elementos que identifiquen el caso como organización criminal, el juzgado no puede asumir competencia”.

De esta forma desestimó el pedido del fiscal Pérez Gómez quien una semana antes adecuó la investigación a Keiko Fujimori y a su esposo Mark Vito en el caso “cócteles” bajo la Ley de Crimen Organizado (Ley 30077), al señalar que se trataría de una organización criminal que comprende a una pluralidad de personas naturales y jurídicas investigadas en las que se encuentra la sociedad LVF Liberty Institute con sede en Delaware, Estados Unidos.

El fiscal Pérez Gómez, según su pronunciamiento, presume que la hija del reo Fujimori incurrió en lavado de activos al recibir para su campaña presidencial de 2011 supuestos aportes irregulares en cocteles que su agrupación política realizó, así como la entrega de dinero por parte de la fundación LVF Liberty Institute con sede en Delaware, Estados Unidos.

El congresista oficialista Moisés Guía Pianto cuestionó que el Poder Judicial haya denegado el pedido fiscal para investigar a la lideresa de Fuerza Popular bajo la Ley de Crimen Organizado, añadiendo que “las leyes deben ser igual para todos, algunos no deben tener privilegios”, tras considerar que en este caso hubo una presión política y también de las calles al Poder Judicial.

SIN COMPETENCIA
Para la jueza, el Ministerio Público no pudo demostrar el presunto vínculo de Fujimori Higuchi y Vito con una organización de corte criminal ni de qué manera se han repartido las tareas o funciones, como lo exigen los artículos 2 y 4 de la Ley 30077 y por ello declaró que no tiene competencia sobre la pesquisa a la excongresista y su esposo.

En su fallo, precisó que la solicitud planteada por el fiscal Pérez Gómez debe ser analizado por un juzgado penal común, pero no se pronunció sobre el fondo del pedido para levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de la lideresa de Fuerza Popular y su esposo.

AL ATAQUE
El último viernes, la lideresa de Fuerza Popular se pronunció en tono amenazante sobre la decisión del Ministerio Público de investigarla bajo la vigente Ley de Crimen Organizado y el nuevo Código Procesal Penal, advirtiendo que con la investigación “ya sobrepasaron el límite, investiguen todo lo que quieran, pero sin abusos”.

Rodeada de los congresistas de su bancada, menos de su hermano Kenji, dijo que “nuestra defensa legal está tomando todas las medidas necesarias para impedir estos atropellos de un sector aparentemente parcializado del Ministerio Público”.

Keiko también cuestionó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por haber dicho que evaluará el trabajo de la fiscal Sara Vidal, que archivó la investigación por lavado de activos a Joaquín Ramírez.

“Como al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no le gusta el fallo, ahora él sale a decir que va a evaluar la actuación de la fiscal Sara Vidal. ¿Eso no se llama intromisión? ¿Qué se pretende, sancionar a una fiscal que ha cumplido con su deber? O peor aún, ¿presionar a esta y a otros fiscales?”, enfatizó.

Pablo Sánchez

FISCAL DE LA NACIÓN PABLO SÁNCHEZ
Niega persecución a partidos políticos

Investigar a alguna organización política bajo la Ley de Crimen Organizado es una decisión de cada fiscal, y no una postura institucional, dijo ayer el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien añadió que la institución que preside no persigue a ningún partido político.

En opinión del titular del Ministerio Público, dentro de un proceso de investigación, la parte que se ve afectada suele cuestionar las disposiciones fiscales, pero puede hacer uso de las herramientas que le franquea la ley, si en algún momento siente sus derechos vulnerados.

Sánchez dijo ser respetuoso y respaldar la autonomía de los fiscales provinciales, pues cada uno de ellos tiene su propio esquema de trabajo. “Hay que respetar el trabajo que están haciendo”, apuntó.

REACCIONES

Esperan apelación favorable
En el Ministerio Público esperan que la apelación del fiscal José Pérez Gómez sea atendida para proseguir con las investigaciones en el caso de los aportes presuntamente ilegales en su campaña, en el marco de la Ley de Crimen Organizado (Ley Nº 30077) y el Nuevo Código Procesal Penal.

La norma establece que el promover, organizar, constituir o integrar una organización criminal de tres o más personas sea considerado como un agravante en un grupo de delitos, incluyendo el lavado de activos, delito por el cual está siendo investigada la excandidata presidencial.

El fiscal Pérez Gómez solicitó, a través de cooperación judicial internacional, los datos relacionados a la sociedad LVF Liberty Institute desde Estados Unidos que habría transferido U$ 65 mil a Fuerza Popular en el 2015.

Como organización criminal
El exmagistrado Guillermo Olivera Díaz sostuvo que el fiscal solo toma esa decisión cuando hay indicios suficientes para considerar la investigación a Keiko y Vito como parte de una organización criminal.

“Cuando se pasa a condición de crimen organizado el caso toma celeridad y en este caso se trata de una organización criminal internacional pues los fondos vienen de diversos lugares del mundo”, señaló.

Sostuvo que la sociedad LVF Liberty Institute es de Estados Unidos y se hizo transferencias de ese país a Lima, mientras que la agenda de Odebrecht con la anotación “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” es del Brasil, por lo que hay dos indicios diferentes que vienen de dos países.

Investigación de 36 meses
Olivera Díaz explicó que “la investigación preparatoria es de 4 meses y el crimen organizado es 8 meses, pero si el caso es declarado complejo la investigación se extiende a 36 meses y en ese lapso podrían estar en prisión preventiva Keiko y su esposo”.

La Ley de Crimen Organizado (Ley Nº 30077) fue emitida el 2013 por el expresidente Ollanta Humala y se le aplicó a él por lo que ahora está en prisión, así como Vladimiro Montesinos hizo la cárcel para los terroristas y ahora ocupa la cárcel que él mismo hizo.

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