Puede terminar en la cárcel por corrupción y falsedad ideológica

Fujimorista Yesenia Ponce habría cometido delitos que tienen penas de 8 y 6 años de prisión. Al aparecer voucher de coima, juristas dicen que Fiscalía puede investigarla de oficio.

Yesenia Ponce

HENRY COTOS CAMPEÁN

La situación de la congresista fujimorista Yesenia Ponce Villarreal es delicada y la Fiscalía debería investigarla de oficio ante la aparición de un voucher en el que se confirma el pago hecho al director de un colegio para lograr un certificado de estudio falso, por lo que habría incurrido en delitos de corrupción y falsedad ideológica que tienen penas de 8 y 6 años de prisión efectiva, así lo manifestaron los juristas Guillermo Olivera, Mario Amoretti, Walter Albán y Luis Lamas Puccio.

El exmagistrado Guillermo Olivera Díaz explicó que la fujimorista Yesenia Ponce corrompió al exdirector del colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga, de Puente Piedra que le dio el certificado falso; al JNE que le archivó su caso; a la Comisión de Ética que igual la blindó; y finalmente al Pleno del Congreso que puso candado a todo”.

Sostuvo que en este caso hay un concurso real de delitos, en el que las penas se suman. Consideró que hay delito de falsedad material, al pagar para conseguir certificado de estudio falso; Uso de certificado falso en varios lugares; Falsedad genérica por falsear la verdad en todo lugar que fue a defenderse e incluso ha brindado declaraciones falsas y delito de corrupción por la entrega de coimas para conseguir favores.

Ante ello dijo que la Comisión de Ética, de oficio, debe reabrir el caso que anteriormente archivó y se le debe denunciar constitucionalmente por los delitos cometidos. Lo mismo debe hacer el JNE, que tiene que reabrir el caso contra Ponce que antes archivó.

8 Y 6 AÑOS
El abogado penalista y exdecano del Colegio de Abogados Mario Amoretti, dijo que en el caso de Yesenia Ponce se configura los delitos de corrupción y falsedad ideológica.

Refirió que corrompió debido a que pagó a un funcionario (director de un colegio) para que le expidiera un documento falso y al usar este documento “estamos ante un delito de falsedad ideológica”.

Explicó que el caso de corrupción tiene una pena de prisión efectiva de 8 años y por falsedad ideológica la pena es de 6 años de prisión efectiva, “cuyas penas se suman”.

Añadió que la Fiscalía puede iniciar la investigación de oficio y al tratarse de un caso muy delicado y si es que se comprueba el ilícito podría terminar en la cárcel.

El exministro del Interior y director de Proética Walter Albán dijo que en este caso y otros, la conducta de la Comisión de Ética del Congreso es lamentable pues ha habido un propósito de no esclarecer este caso tan delicado.

INTERFIRIÓ
No es la única vez que Ponce está en esta situación. Antes Proética consideró como insuficiente la amonestación contra la legisladora por interrumpir prepotentemente en una sesión del Gobierno Regional de Áncash en octubre del año pasado.

Albán criticó la labor de la Comisión de Ética luego de que su presidente, Segundo Tapia, presentó un informe final en el que varió la suspensión a Ponce a tan solo una amonestación escrita.

Recordó que la gravedad del accionar de Ponce en la sesión del Consejo Regional de Áncash fue determinante para que finalmente se modificara la votación del pedido de reconsideración que se había discutido formulado en ese momento del acuerdo del Consejo Regional que autorizó la transferencia de 1041 hectáreas de terreno del Proyecto Especial Chinecas a la Superintendencia de Bienes Nacionales para ser destinados a viviendas.

LA BLINDARON
“Desde Proética denunciamos que hubo una trasgresión grave de la Ley al haber interferido en una reunión de consejeros del Gobierno Regional de Áncash. Como congresista ejerció una presión indebida y fuera de lugar. Esto debió ser sancionado con firmeza por la Comisión de Ética, pero no lo hizo y el caso prácticamente pasó desapercibido”, señaló.

Manifestó que en el caso de Ponce no estamos ante una persona que tenga excepcionalmente una conducta discutible. “Es una corroboración de su mala conducta. Esto demuestra que ha habido muy poco cuidado en la selección de los candidatos por parte de los partidos y estamos demandando que se apruebe de una vez la reforma electoral. No es aceptable que esta situación se repita y que se pongan piedras en el camino para que no se apruebe la reforma”, anotó.

DE OFICIO
Dijo que en el caso de Ponce la Fiscalía puede actuar de oficio pues no solo se ha evidenciado una falta ética, sino que se trata de una falta punitiva. “Habrá que probar la certeza de los hechos denunciados, pero no puede aceptarse que no haya una investigación. Lo que se ha planteado es grave y se han presentado elementos que hacen probar que no se habla sin fundamentos”, comentó.

A la luz de los hechos, dijo que en este caso no se hace necesario que haya mayores elementos probatorios después que apareció el voucher del depósito bancario y “ante ello la Fiscalía puede actuar tranquilamente. Hay evidencias suficientes y puede actuar de oficio”.

ALGO MÁS
El abogado Luis Lamas Puccio dijo que el Ministerio Público debería actuar de oficio y abrir una investigación con el nuevo código procesal penal. Formalizar una indagación previa y luego una investigación preparatoria.