Alan García y el fantasma de los penales

Luego de 31 años de silencio y “verdades oficiales” se inició el juicio oral a 35 exmarinos implicados en la matanza de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, ocurrida en 1986 y que podría ser lapidario para la inmunidad del expresidente García.

Alan García Pérez

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

Si en el 2013 el Tribunal Constitucional (TC) determinó que la muerte de 133 presos en el penal El Frontón, en 1986, no constituía un crimen de lesa humanidad por parte del Estado, hoy el caso ha dado un vuelco radical.

Si por entonces el exprocurador Ronald Gamarra Herrera dijo indignado que la sentencia estaba “escrita exprofesamente para limpiar al expresidente Alan García Pérez”, hoy pareciera renacer la esperanza de hacerse justicia.

El pasado 8 de setiembre se inició, en la sede de la Sala Penal Nacional, el juicio oral del caso El Frontón. El proceso sigue el caso de la presunta ejecución extrajudicial de 133 reos del penal del mismo nombre, ocurrido en 1986.

La Fiscalía ha pedido penas de entre 25 y 30 años por homicidio calificado para 35 exmarinos implicados en este caso, así como el pago como reparación civil de 5,3 millones de soles (1,6 millones de dólares) a favor de los deudos de las víctimas.

La sesión fue presidida por el Colegiado B Edhin Campos, junto a los jueces Hans Contreras y Otto Verapinto. 31 años después se expondrán los argumentos de la Fiscalía, a cargo de Daniel Jara, el descargo de la defensa de los deudos, a cargo de Carlos Rivera y la defensa de los exmiembros de la Marina.

Como testigos serán citados el expresidente Alan García y los exministros Luis Gonzales Posada, Manuel Romero Caro, Remigio Morales Bermúdez y José Murguía. En total podrían declarar al menos 80 testigos que participaron en el motín y que podría comprometer más a García. Pero no solamente fue El Frontón, la llamada rebelión fue simultánea en Lurigancho y Santa Bárbara; la reacción militar fue la misma.

SINTETIZANDO EL HORROR
Se conoce como la matanza en los penales del Perú a una serie de acciones militares ocurridas entre el 18 y el 19 de junio de 1986 a raíz del amotinamiento de los presos acusados de terrorismo recluidos en las prisiones de San Juan de Lurigancho y El Frontón y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, ubicadas en Lima y en el Callao. La respuesta policial y militar con la que se reprimió este motín tuvo como resultado un número de muertos que van de los 133 a más de 300.

Los organismos de los derechos humanos califican este hecho como el asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva de la década de 1980. El entonces presidente Alan García, lo mismo que Luis Giampietri, entonces uno de los jefes de la Marina de Guerra del Perú, fueron librados de toda responsabilidad.

Hasta la Iglesia católica peruana condenó el hecho y para descartar toda parcialidad, reproducimos un fragmento del documento publicado el 19 de junio de 1986 que titula “Masacre de los penales de Lima”.

“En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El consejo de ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara -cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana.

Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En El Frontón la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. También de la prensa.

Matanza penal El Frontón

LOS MUERTOS EN LOS TRES PENALES
La Fiscalía manejaba la cifra total de 124 muertos, pero solo se trataba de los procesados por terrorismo. Oficialmente se habla de 133 muertos a manos de marinos.

Se estima que en Lurigancho fueron asesinados 125 reos y en El Fronton 122 internos por terrorismo en 1986 durante el gobierno de Alan García, y que deberá volver a investigarse.

Se estima que en Lurigancho fueron asesinados 125 reos y en El Fronton 122 internos por terrorismo en 1986 durante el gobierno de Alan García, y que deberá volver a investigarse.

Resulta hasta hoy incierto el número de muertos. El historiador Alberto Flores Galindo, en su texto titulado “Matanza de los penales, democracia y revolución en el Perú” señala que se amotinaron 375 presos acusados de terrorismo y que “Al término del día siguiente, en el penal San Pedro (Lurigancho) todos estaban muertos; en San Juan Bautista (El Frontón) solo sobrevivieron quince presos y dieciocho heridos; en Santa Bárbara -cárcel de mujeres del Callao-, en cambio, solo se produjeron dos muertas.

El balance final arrojaba 272 muertos, de los cuales solo 100 fueron enterrados. ¿El resto? En El Frontón no se tiene información sobre 146 cadáveres. Probablemente fueron pulverizados con la demolición y arrasamiento final de las cárceles. En esa prisión no quedaría una piedra en pie”.

La lista, con nombre y apellido que manejan los familiares de presos, señala que murieron 249: 122 en El Frontón, 125 en el Lurigancho y dos en el penal de Santa Bárbara. A este número debía agregársele los tres marinos muertos.

Inicialmente la Fiscalía manejaba la cifra total de 124 muertos, pero solo se trataba de los procesados por terrorismo. Oficialmente se habla de 133 muertos a manos de marinos.

NO FUERON TRES DÉCADAS DE SILENCIO
En 31 años mucho se ha hecho por llegar a la verdad y alcanzar justicia. Luego de sucedidos los hechos, el Fuero Militar se encargó de tratar el caso entre 1987 y 1989, aunque sin participación de los familiares de las víctimas, a quienes históricamente se les ha acusado de cómplices del terrorismo. En aquella oportunidad se absolvió a 111 marinos investigados y se archivó el caso.

En agosto del 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que ordena al Estado investigar los hechos de El Frontón y procesar y sancionar a los responsables. Producto de esa sentencia, la Fiscalía abre investigación en mayo del 2001, pero esta se archivó. Sin embargo es reabierta en agosto del 2002 y, tras dos años de investigación, formaliza denuncia penal en noviembre del 2004; sin embargo la denuncia dejó fuera al expresidente García y al vicealmirante Luis Giampietri, entre otros autores mediatos. Por esa época ya estaba constituida la Asociación de Familiares de Presos Políticos, Desaparecidos y Víctimas de Genocidio (AFADEVIG).

En enero del 2005 el Primer Juzgado Penal Supraprovincial abrió proceso penal contra 11 marinos. Más adelante, en el 2009 el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial abrió otro proceso a 22 marinos. Tras varias marchas y contramarchas y tras juntarse los dos casos, la fiscal Luz Ibáñez formuló acusación contra 33 marinos el 20 de diciembre del 2012.

En junio del 2013, el Primer Juzgado Supraprovincial abre instrucción contra otros dos marinos y la Sala Penal Nacional resuelve acumular el nuevo caso al expediente principal y pide a la fiscal Ibáñez emitir un dictamen único. Es ahí cuando el TC se pronuncia.

PRIMER FALLO DEL TC
Como se recuerda, una resolución emitida por el TC, el 3 de setiembre del 2013, consideró que el Poder Judicial (PJ) realizó una indebida calificación de los hechos, pues no existían indicios que prueben una intención premeditada del gobierno de García para acabar con la vida de los internos.

Agregó, además, que tampoco “puede ser entendido como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil”, aspecto fundamental para calificar lo ocurrido como crimen de lesa humanidad.

La sentencia del TC fue dada el 14 de junio de ese año y señalaba no haber delito de lesa humanidad. La decisión contó con la firma de los magistrados Juan Francisco Vergara Gotelli, Carlos Mesía Ramírez, Fernando Calle Hayen y Ernesto Álvarez Miranda. Por su parte, los magistrados Urviola Hani y Eto Cruz emitieron votos singulares en los que indicaron su desacuerdo con la decisión de la mayoría de declarar fundada en parte la demanda.

“Los hechos no fueron organizados u ocasionados por el Estado o alguna de sus dependencias, sino por los internos del centro de reclusión, quienes se amotinaron, motivando la reacción del Estado”, asegura la resolución. Pese a ello, no se anuló el proceso judicial “a fin de que el Estado peruano cumpla con sus compromisos internacionales asumidos con la suscripción de tratados de protección de los derechos humanos”.

En ese momento, el TC parecía avalar la impunidad. Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostenía que así como los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, las graves violaciones a los derechos humanos tampoco prescribían, el TC no se pronunció sobre ello.

Tribunal Constitucional corrige lo que no dijo ni la CVR.

Tribunal Constitucional corrige lo que no dijo ni la CVR.

EL FRONTÓN EN FOJA CERO
Cuatro años después el TC se rectificó; ello en respuesta a un pedido que hizo la Procuraduría Pública Supranacional y otras ONG, como el Instituto de Defensa Legal (IDL), para que se “subsane de oficio” el dictamen, ya que había “errores materiales” relacionados al voto de los jueces.

Los supuestos errores estaban relacionados con lo siguiente: 1) en los casos de los exmarinos Víctor Neira Alegría y Nolberto Durand Ugarte, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en etapa de supervisión de sentencia, se dispuso que el Estado peruano tenía la obligación de investigar los hechos, procesar y sancionar a los responsables, así como hacer los esfuerzos posibles por localizar e identificar los restos de las víctimas, y entregarlos a sus familiares; y, 2) el extremo de la decisión en que se señala que los hechos de El Frontón no deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad no cuenta con los votos necesarios para conformar una sentencia válida.

Sin embargo, según la resolución del pasado 3 de marzo, el magistrado Vergara Gotelli en su fundamento del fallo del 2013, señala que el tema de lesa humanidad no le competía al TC y que debía ser evaluado y resuelto por el Poder Judicial.

La reciente resolución señalaba: “Vergara fue explícito al señalar que no estaba de acuerdo con lo finalmente incorporado en el fundamento 68 y en el punto 1 de la parte resolutoria de la sentencia (2013)”; ello significa que el magistrado nunca estuvo de acuerdo en considerar que las muertes en El Frontón no constituían crimen de lesa humanidad.

Por su parte, el punto 1 de la resolución de la sentencia declaraba nulo el proceso que abrió el juez Omar Pimentel del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial contra exmarinos implicados en la muerte de 133 presos por prescripción al no ser de lesa humanidad.

En ese sentido, el TC apunta que la votación se vuelve tres contra tres y, al haber empate, el voto decisorio lo tiene el entonces presidente del TC (Óscar Urviola), quien había votado en contra. Es así que la última resolución del TC plantea “no incorporar” esos dos aspectos de la sentencia, con lo cual se reabre el caso nuevamente.

Los magistrados Blume Fortini y Sardón de Taboada, en un voto conjunto, manifestaron su desacuerdo con la resolución en mayoría. Expusieron dos razones de forma: las solicitudes fueron presentadas fuera del plazo y por personas que no tienen legitimidad para pedir la subsanación de supuestos errores, ya que no fueron parte del proceso de habeas corpus. Ambos magistrados también expusieron una razón de orden material: no puede sostenerse que la firma de Vergara Gotelli en la sentencia fuera un error, sino que se trató de una expresión de voluntad deliberada.

HASTA LA CVR HIZO MUTIS
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) generó disconformidad en un sector de la ciudadanía al no atribuirle responsabilidad penal a García. El propio excomisionado Carlos Tapia señaló en su momento que El Frontón fue un tema polémico al interior de la CVR y que algunos fundamentaron la no implicancia penal de García, argumentando que no le encontraron responsabilidad directa ya que durante su mandato existió un contrapeso de poderes, a diferencia de lo que sucedió en el gobierno de Alberto Fujimori, que concentró el poder y responsabilidad en el Ejecutivo luego del autogolpe.

Tapia dice que todos estuvieron de acuerdo con las conclusiones, salvo el general Luis Arias Graziani, y que en una reunión final acordaron respaldar el informe. Sin embargo, Tapia habla de un grupo de “sorprendidos”. Manifiesta: “El 28 de agosto del 2003 llevamos el texto final para presentárselo al presidente Toledo. Los que estábamos en la camioneta buscamos las páginas sobre el informe de El Frontón y solo se mencionaba la responsabilidad política de García”.

Por su parte, el jurista Enrique Bernales, que también integró la CVR, asegura que el tema de la responsabilidad penal de García nunca se tocó en el pleno de la Comisión. “El caso de Fujimori es distinto porque había evidencias que estaban en las denuncias, pero una CVR no puede pasar por encima de la presunción de inocencia”, precisa.

LA INMUNIDAD LO SALVÓ
Un documento que señalaba la responsabilidad penal del exmandatario, aunque se trataba de un informe preliminar aprobado por un grupo de trabajo, fue el “Informe al Congreso sobre los sucesos de los penales”, elaborado en 1986 y representó el principal insumo de la CVR para tratar ese caso particular. En el mismo se encontró indicios de responsabilidad penal en García, al considerarse que las órdenes que impartió expusieron a la muerte a presos y militares.

La comisión, presidida por el senador Rolando Ames, demostró que el entonces presidente mantuvo un seguimiento directo del debelamiento del motín. Lograron contar con el testimonio de los jefes de las tres fuerzas militares quienes aseguraron que García los llamaba constantemente para incitar a que terminen rápidamente las acciones. Pese a las pruebas, García gozaba de inmunidad por ser mandatario, por lo que no se le pudo acusar. En el periodo siguiente, el congresista de Izquierda Socialista, Francisco Guerra García, intentó que el Congreso denuncie penalmente al expresidente, pero esta acción fue bloqueada por la alianza del APRA con el fujimorismo, en los primeros años de la década de 1990.

Posteriormente a la presentación del Informe Final, ningún comisionado de la CVR quiso hablar acerca de la benevolencia con que se le trató a García en el caso de El Frontón. El Informe Final poseía un peso político pero no un carácter vinculante.

TESTIMONIO CONTRA GARCÍA
José Francisco La Madrid Ponce, mayor del Ejército, tiene actualmente 66 años y por entonces lideró el pelotón que ingresó al penal de Lurigancho. En mayo del 2015 La Madrid hizo declaraciones al semanario “Hildebrandt en sus Trece” donde asegura que Alan García dio la orden de eliminar a todo el personal.

“Me llamó el entonces Comandante General del Ejército y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Guillermo Monzón Arrunátegui, y me dijo: Capitán, por orden del Presidente de la República, he dispuesto que usted forme una patrulla de eliminación para intervenir en el penal de Lurigancho”, sostuvo.

El testimonio de La Madrid resulta importante para saber lo que pasó en Lurigancho, donde se ejecutó a 123 presos, y en El Frontón, donde murieron 118 reos, ya que se trata de la misma operación, la misma decisión y la misma orden para ambos casos.

Aunque las declaraciones de La Madrid fueron hechas a pocos meses de iniciarse los comicios presidenciales del 2016, el oficial dijo que con ello pretendió “encontrar la paz”.

HABLA CARLOS RIVERA
Finalmente, Carlos Rivera, abogado de las familias de nueve de las víctimas, expresó que la Fiscalía hizo una buena investigación y acopió suficientes pruebas para poder acusar. “Este es un caso emblemático de violación de Derechos Humanos. Esperamos que después de 31 años se condene a los autores materiales”, dijo tras asegurar que “Estamos convencidos de que una de las razones de que se juzgue 31 años después es porque hay una serie de influencias políticas que han buscado entorpecer el desarrollo e incluso el inicio del juicio. Eso es un hecho común en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos”.

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