Ejemplar condena a dos militares torturadores

Se comprobó, según el tribunal, que practicaron detenciones arbitrarias, torturas, muertes y desapariciones en el excuartel ayacuchano Los Cabitos.

Ejemplar condena a dos  militares torturadores

DENIS MERINO

A diferencia de otras ocasiones, el colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial, marcó distancia de otros magistrados y condenó la madrugada del pasado viernes a dos militares que, según se comprobó, cometieron delitos de lesa humanidad en el excuartel ayacuchano Domingo Ayarza, más conocido como Los Cabitos.

Cuando muchos dudaban de la imparcialidad o de las presiones que supuestamente reciben los magistrados del Poder Judicial sucedió lo inesperado. Aunque con algunas diferencias los tres jueces coincidieron que en el excuartel Los Cabitos sucedieron detenciones arbitrarias, torturas, muertes y desapariciones.

La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos-Aprodeh, consideró que la sentencia tiene algunas inconsistencias como no condenar a Roberto Saldaña, otro de los uniformados que secuestraron, torturaron y asesinaron a estudiantes, campesinos y otros en la zona de Ayacucho y que fue absuelto por lo que apeló la sentencia.

Aunque el final de la sentencia de 545 páginas se leyó a las tres de la mañana, madres, hermanas, esposas, hijas de los fallecidos como consecuencia de torturas y que llegaron desde dicha región, esperaron ansiosas la condena. Acompañándolas se encontraban las congresistas de Nuevo Perú Tania Pariona, Indira Huilca y Marisa Glave, así como activistas de organizaciones de Derechos Humanos.

En las afueras de la Sala se expusieron carteles con exigencia de justicia y fotos de algunos de los desaparecidos con velas encendidas.

Adelina, esposa de Zoísmo Tenorio y expresidenta de la Asociación Nacional de Familiares de secuestrados, detenidos y desaparecidos del Perú-Anfasep, dijo que le parecía justa la condena a dos de los militares pero que faltaba castigar a otros que también cometieron delitos similares.

Se refería mayormente al caso del exjefe del Estado Mayor Administrativo coronel Roberto Saldaña Vásquez, a quien se consideró absuelto porque a juicio del jurado no se tenían pruebas acusatorias suficientes en su contra.

En la introducción de la sentencia que se empezó a leer a las 8 de la noche, se mencionó en varios pasajes que se había comprobado que los acusados cometieron abuso de autoridad al secuestrar a diversas personas y detenerlas arbitrariamente sin dar razón a fiscales y menos aún a sus familiares.

“Está comprobado que los detenidos eran sacados de sus casas violentamente por patrullas militares, a veces con la participación de policías, y llevados al cuartel Los Cabitos donde sufrieron vejámenes y crueles torturas que en muchos de los casos terminaron en muertes”, se escuchó a lo largo de la lectura.

También se mencionó que esos hechos se iniciaron luego que el gobierno democrático (Belaunde) decidiera entregar el poder a un comando político militar que jefaturara el exgeneral ya fallecido Clemente Noel y Moral como una forma de enfrentar al partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso que desarrollaba acciones armadas.

CON SU CRUZ
En este juicio que se inició hace doce años se evaluaron los casos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 53 personas, entre los que se encontraba Arquímedes Ascarza hijo de “mamá Angélica”, principal promotora de la organización que agrupa a familiares de las víctimas que desde entonces carga una cruz como símbolo de su lucha..

Ella fue testigo de cómo sacaron una madrugada de su casa a su hijo y según expresó le dijeron que lo reclame en el cuartel Los Cabitos, lo que hizo en varias oportunidades, sin encontrar respuesta. “Siempre negaban tenerlo ahí”, dijo en varias entrevistas. Hoy, cercana a los 90 años y con la salud deteriorada, no pierde las esperanzas de conocer el lugar donde enterraron los restos de Arquímedes “para darle cristiana sepultura”.

Precisamente, el exmilitar Pedro Edgar Paz Avendaño, entonces jefe de inteligencia del Ejército en Ayacucho, fue condenado a 23 años de cárcel al ser encontrado responsable de la desaparición de Arquímedes y del crimen contra Luis Barrientos Taco y otros.

El exjefe del referido cuartel, Humberto Bari Orbegoso, a quien se le consideró reo contumaz por no presentarse a la audiencia, se le condenó a treinta años. Se expresó que según determinados documentos es el responsable de actos violatorios a los Derechos Humanos.

Se cita en la sentencia como tercero civilmente responsable al Estado por considerar que los militares actuaron en esa representación y cumpliendo órdenes superiores.

En cuanto a las reparaciones civiles el Tribunal ordenó pagos de entre doscientos mil y doscientos cincuenta mil a favor de los deudos y ciento cincuenta mil para los detenidos y torturados que sobrevivieron a esas acciones en 1983. También se dispuso la inhabilitación para funciones públicas de los condenados.

Se informó que se reservaban las condenas tanto del exjefe del Estado Mayor Operativo Carlos Millones D`estafano y del ex comandante de las Fuerzas Armadas Carlos Briceño, el primero por encontrarse con problemas de salud mental y el segundo por enfermedad física. El colegiado ordenó que sean evaluados cada nueve meses.

La fiscal Luz Ibáñez también presentó un recurso de nulidad contra la absolución de Saldaña Vásquez “porque consagra la impunidad en este caso de violaciones de Derechos Humanos y crímenes contra la humanidad”. Asimismo, el Ministerio Público ordenó la inmediata captura de los condenados.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación estableció en su informe final que “miembros del Ejército acantonados en el Cuartel Nº 51, denominado como Los Cabitos, y efectivos de la Unidad de inteligencia conocida como ‘La Casa Rosada’ (ambos establecidos en Huamanga) ordenaron, permitieron o cometieron violaciones de los derechos humanos de la población local, entre los años 1983 y 1984. Efectuaron detenciones arbitrarias, torturaron, concedieron libertades selectivas, desaparecieron y ejecutaron extrajudicialmente, por lo menos, a 136 ciudadanos”.