Cárcel sin sentencia: grave retroceso

ENTREVISTA. Fabiola Franceza, experta del IDL, critica ampliación del tiempo de la prisión preventiva hasta cuatro años, firmado por la ministra de Justicia, que contradice el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Autoridades del sistema de justicia deben ayudar a resolver este problema, señala.

Encerrar en la cárcel sin condena no soluciona el problema, indica Fabiola Franceza.

Foto: John Reyes

PACO MORENO

El viernes 24 de febrero visitó nuestro país James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a mediados de este año publicará un nuevo informe sobre la situación de la prisión preventiva en países de la región.

A fines del 2013, la Comisión había recomendado a los países de esta zona, incluido el Perú, adoptar medidas para reducir el uso de la prisión preventiva. Sin embargo, el gobierno, en vez de tomar en cuenta estas recomendaciones, gracias a las facultadas otorgadas por el Congreso, lanzó el Decreto Legislativo 1307, firmado por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que amplía los plazos de la prisión preventiva de manera alarmante.

“A todas luces hay en el país un retroceso en el tema de la prisión preventiva. Lo digo con claridad, pese a que hablar sobre esto no es popular y siempre significa ir contra la corriente; hay que respetar los derechos humanos”, dice Fabiola Franceza, Coordinadora de Justicia Previa al Juicio del Instituto de Defensa Legal (IDL).

James Cavallaro, presidente de la CIDH.

James Cavallaro, presidente de la CIDH.

—Tenemos entendido que James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reunió el viernes 23 de febrero en la mañana con las autoridades y por la tarde con instituciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
—Es verdad, durante la mañana se reunió con autoridades como la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello; el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Carlos Vásquez Ganoza, etc. También participaron representantes de la sociedad civil, como el Instituto de Defensa Legal. Por la tarde se reunió con otras instituciones.

—¿En esa reunión abordaron el tema del Decreto Legislativo 1307 que modifica una norma anterior y que plantea que en caso del crimen organizado puede darle a un presunto culpable 36 meses de prisión preventiva y luego ampliarlo por 12 meses más?
—Sí, el decreto 1307 permite que el juez, a pedido del fiscal, pueda dictar 36 meses de prisión preventiva desde un primer momento. Con la ley anterior el fiscal podía pedir la prisión preventiva, como máximo, 18 meses y ampliarlo 18 meses más. Ya era excesivo, pero ahora pueden ampliarlo hasta 48 meses, cuatro años, sin condena. Esto es un grave retroceso. Ojo que aquí no estamos defendiendo a nadie porque creemos que los culpables tienen que pagar, pero este es un tema distinto: encarcelar por 4 años sin sentencia es excesivo.

—¿Es verdad que en aquella reunión le pidieron una explicación por el caso a la Ministra de Justicia, quien es especialista en derechos humanos?
—La ministra nos dijo que acogió con preocupación el pedido de que se incremente el plazo para la prisión preventiva y que el pedido venía de la Fiscalía. Lamentablemente, el Fiscal de la Nación en el momento en que se abordó el tema ya se había retirado de la reunión. La ministra dijo también de que hubo un compromiso de la Fiscalía de que se iba aplicar la medida con responsabilidad. Pero lo cierto es que ya se ha dado un cambio radical, porque ahora desde un primer momento se podrá encarcelar a las personas 36 meses, con la posibilidad de ampliar esa prisión preventiva por 12 meses más.

—¿En qué casos el fiscal pide la prisión preventiva de un presunto culpable?
—Hay tres requisitos: La existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito; una probabilidad de pena superior a los 4 años de prisión efectiva; y la existencia de peligro procesal, en cualquiera de sus dos dimensiones: peligro de fuga o peligro de obstaculización de pruebas.

PRESIONES

—¿Cree que un fiscal puede pedir prisión preventiva por diversos motivos, incluso por presiones políticas?
—Creo que hay mucha presión a los fiscales por diversos motivos. Sin embargo, el fiscal tiene la obligación de sustentar cada uno de los requisitos y además fundamentar que no hay ninguna otra medida menos grave que la prisión preventiva que sirva para asegurar la presencia de la persona investigada a lo largo del proceso. Esto quiere decir que la prisión preventiva es la última opción. Además, tiene que sustentar la cantidad de meses, dar claramente la razón del porqué se pide tantos meses.

—¿En otros países de la región ocurre algo tan alarmante como en el Perú?
—El abuso de la prisión preventiva es un problema en toda la región, pero hay un grave retroceso en el país sobre este punto.

—¿Ustedes como IDL pelearán para que se modifique este Decreto Legislativo?
—Nosotros hemos hecho un llamado a fin de que este punto sea revisado y que vean este caso como prioritario tanto en el Congreso como en el Ministerio de Justicia. Pedimos que sea revisado y modificado.

—¿Le pediría a la ministra Pérez Tello que vea con énfasis este tema?
—Sí, pero en esa reunión hubo una coincidencia. Ella nos dijo que también le generaba preocupación.

—Muy raro que le preocupe ahora y no haber hecho nada para evitar que se cumplieran las recomendaciones de la Comisión.
—Creo que este cambio fue un error y creo que se les ha pasado por alto a muchos. Este decreto ha sido una suerte de cajón de sastre, a partir del cual se han modificado muchas normas. Su título no hace referencia a la prisión preventiva, sino dice: Decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada. Además, aumentar la duración de la prisión preventiva no es la manera de luchar contra la delincuencia y la corrupción.

—¿No ayuda de alguna manera?
—El decreto se ha dado en una coyuntura en la cual el crimen organizado es un grave problema y el sistema de justicia está tratando de ver mecanismos para enfrentarlo. ¿Pero era esto necesario? Nuestra posición es que no. Hay un retroceso. Los plazos que se tenían eran más que suficientes, al punto que un investigado podía estar en prisión preventiva hasta por tres años para casos complejos.

—Habría que pedirle a la ministra que ayude en la solución de este grave problema…
—Sí, claro; pero no solo a ella sino a todos los que tienen que ver con el sistema de justicia. Desde la Policía, que se encarga de hacer las detenciones y muchas veces de recomendar la prisión preventiva; la Fiscalía, que es la que toma la decisión de pedir la prisión; los jueces que son los que deciden; y el Ministerio de Justicia y el INPE que tienen que asegurar que se respeten los derechos básicos de los presos.

DETALLES

Presos - detenidos - encerrados - cárcel

Alarmante
“Según los datos del Inpe de noviembre del 2016, hay más de 3 mil personas presas sin condena por más de cinco años. En Lima, según el Inpe, hay 47 personas presas por 15 años sin condena. Estos datos son alarmantes y se tiene que hacer algo sobre ello”.

Penal - cárcel

En Lima y Callao
“De todos los presos que hay en Lima y Callao, según las cifras del Inpe, el 60% está en condición de prisión preventiva, es decir, están presos sin condena. Este dato lo dio el mismo jefe del Inpe. A nivel nacional es de 43%”.

Población - gente caminando - Gamarra

Pena de muerte
“La gente común y corriente piden cárcel como forma de acabar con la inseguridad, y hay quienes piden pena de muerte y otros penas como la cadena perpetua. La solución es abordar el problema de manera integral. No está solo en encarcelar”.

Policía nacional con capturado o detenido

PRISIÓN SIN CONDENA COMO SALIDA FÁCIL
Crece el populismo penal
“Es difícil saber con certeza lo que dirá el nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aparecerá en julio o agosto de este año; pero se pueden deducir algunas cosas. En unos días se publicará un informe sobre lo que ha sido la visita al Perú. Es probable que en este informe ya se señalen algunos elementos de los que se ha conversado y de lo que se ha recogido en las reuniones del viernes último”, dijo Fabiola Franceza.

“En julio o agosto se publicará el informe completo, con información actualizada. Probablemente aquí se señalen las buenas y malas prácticas en cuanto a la prisión preventiva. James Cavallaro veía con preocupación el crecimiento de la población penitenciaria y que la prisión preventiva sigue siendo uno de los problemas de violación de derechos humanos más graves de la región. En el Perú tenemos 80 mil presos, hace 10 años teníamos menos de la mitad. Esto preocupa porque seguimos pensando que la cárcel es la única solución. Aquí el populismo penal juega un papel importante. La población exige medidas de mano dura, pero la cárcel sin sentencia es y tiene que ser una medida excepcional.”

ALGO MÁS
La Constitución de 1993 en cuanto a la presunción de la inocencia, indica: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.