2017: un año para estar alerta

PANORAMA LABORAL. Causa preocupación el anuncio de “reformas estructurales de fondo” en materia laboral que contradice los compromisos electorales de PPK, de no afectar más los derechos laborales.

Pedro Pablo Kuczynski y la CGTP

Enrique Fernández Manldonado
trabajodigno.pe

Terminamos el 2016, y la crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo va decantando en un pacto en las alturas. Las diversas facciones de la derecha económica –la tecnocrática, la informal y la ilegal– encuentran en el precario equilibrio entre fujimoristas y ppkausas, un tipo de gobernabilidad funcional a sus intereses corporativos. En este contexto, la avanzada neoliberal para profundizar las reformas laborales flexibilizadoras (iniciada por Fujimori en los noventa), encuentra en el actual escenario el espacio ideal para concretarse. Salvo que surja un movimiento, o varios, que la detengan.

ROMPIENDO MITOS SOBRE INFORMALIDAD
Es lo que se desprende del artículo publicado en El Comercio por el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro (“Una impostergable necesidad”, 29/12/16). En este da cuenta de la orientación que tomará la política laboral del gobierno. Algo que ya había adelantado días antes el ministro de Economía, Alfredo Thorne, cuando anunció que revisarían algunos conceptos vinculados con la protección social de los trabajadores (reduciendo el aporte empresarial de 40% a 10%), como parte de la estrategia para promover la formalización.

Grados atribuye la alta informalidad laboral (que distorsiona al incluir a los independientes y demás segmentos no asalariados en el cálculo), a la baja productividad empresarial. Y explica esta baja productividad por el deficiente “alineamiento de la oferta y demanda de trabajo”, y por “un marco jurídico que no cuenta con una legislación laboral integrada y moderna (…) y en donde el ciclo laboral de contratación, desarrollo y finalización es rígido”.

Desde TrabajoDigno.pe hemos discutido en múltiples oportunidades este enfoque o razonamiento. El problema de la informalidad laboral no responde a los mal llamados “sobrecostos laborales”. La baja productividad –que impediría a las micro, pequeñas y medianas empresas cumplir con la legalidad laboral– se explica mayoritariamente por la débil capacidad de acumulación, por las engorrosas trabas administrativas y el difícil acceso al crédito; entre otros factores que bloquean su desarrollo como unidades productivas (incluida una deficiente conducción).

DATOS
Hay algunos datos que el MTPE debería manejar. Durante el periodo que va del 2005 al 2015, el empleo formal privado (registrado en planilla) creció de 30% a 45%. Principalmente en los sectores que contratan bajo al régimen general privado (Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado en 1992). Paradójicamente, el régimen que la derecha económica y empresarial pretende desaparecer o reducir hasta la insignificancia, no solo es el que otorga más derechos a los trabajadores, sino también el que más trabajadores ha incorporado a la formalidad laboral en los últimos años.

Contrariamente a lo que cree el ministro, la productividad no se incrementará reduciendo la “carga laboral” del empleador. Los incrementos en la productividad responden a una sumatoria de factores. Entre los principales están: contar con personal capacitado y motivado; el acceso a tecnología ecoeficiente, mercados y consumidores; una organización racional del trabajo y una adecuada contabilidad. Entre otros elementos, igual de importantes, se encuentra la implementación de políticas de diversificación productiva. Sobre estos factores nada han dicho el ministro ni el gobierno.

RIGIDEZ-FLEXIBILIDAD: FALSA DISYUNTIVA
El argumento de la rigidez tampoco se sostiene. El D.Leg. 728 –que alberga hasta el 90% de la planilla del sector privado–, contempla hasta 10 modalidades de contratación a plazo fijo o determinado, que además el empleador puede renovar hasta por cinco años. Estos contratos son usados masivamente en diversos sectores. Desde la micro hasta la gran empresa. Así, en promedio, 3 de cada 4 empleos formales generados en el sector privado entre el 2005 y 2015, fueron contratos temporales.

Hay quienes argumentan “mejor esto que nada”. El problema está en las implicancias de la inestabilidad laboral. En un medio donde la fiscalización es ínfima y la rotación alta, los contratos temporales son utilizados como un mecanismo de disciplinamiento para obstruir la sindicalización. Y como es sabido, los sindicatos son el principal medio que tienen los trabajadores (a veces el único) para negociar mejores ingresos y condiciones de trabajo.

Este diagnóstico fue confirmado por dos informes públicos emitidos por el Departamento de Trabajo de EEUU, en marzo y diciembre últimos. En el marco del capítulo laboral del TLC con Perú, presentaron observaciones sobre el régimen laboral especial de exportaciones no tradicionales (D.Leg. 22342) y al sistema de inspecciones. En ambos concluye el carácter lesivo de los contratos temporales para el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva. Ahora corre un plazo de 6 meses para reportar acciones concretas en la regulación de la contratación temporal.

CÓMO SALIR DE LA CRISIS
Los anuncios hechos por el gobierno incluyen también cambios en la negociación colectiva. El objetivo de constreñir (más) el arbitraje potestativo, perjudicará principalmente a los trabajadores. Este se había convertido en una herramienta útil para desentrampar negociaciones que duraban meses o años.

Por eso ha causado preocupación cuando se anuncian “reformas estructurales de fondo que incluyen la simplificación de los regímenes laborales, la racionalización de los sobrecostos, los incentivos a la formalización, la debida protección ante la desvinculación laboral (…)”. Sobre todo si contravienen los compromisos electorales asumidos por el candidato PPK, de no desregular ni flexibilizar más los derechos laborales.

El escenario económico y político de corto plazo no pinta para experimentos riesgosos. La OIT encuentra un escenario preocupante, signado por un aumento del desempleo regional, la reducción de la tasa de empleo asalariado, un incremento en los niveles de informalidad, y un proceso creciente de precarización laboral y reducción de los salarios reales (Panorama Laboral 2017). Perú forma parte de esta tendencia regional que no da señales de mejoría, por lo menos el 2017. Recuperar el crecimiento económico es clave. Tanto como no deteriorar (más) la débil institucionalidad laboral vigente.

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