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Por 100 soles matan a comuneros

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Los contratos entre la Policía y 14 empresas mineras, que el gobierno evaluará, según reciente anuncio, consideran un pago de 100 soles a cada policía, lo que convierte a los agentes del orden en guardia represiva al servicio de las empresas

Son en total 14 contratos vigentes con las mineras que consignan ese pago y por eso les dan protección y reprimen con presteza las manifestaciones de las comunidades que protestan por considerar que se está vulnerando sus derechos, advirtió Ruth Luque, representante de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras.

A raíz de la represión contra los comuneros que protestaban contra Las Bambas, ejecutada por dos coroneles que actuaron por su cuenta, según el ministro del Interior, Carlos Basombrío, resurgió el problema de los convenios y el gobierno anunció que revisará los términos de estos documentos que generan un vínculo poco claro entre la policía y las mineras.

DEPENDENCIA
El sociólogo Javier Torres dijo que un punto clave para entender la violencia que se desató en Las Bambas (que terminó con un poblador muerto con una bala en la cabeza) es la existencia de un convenio entre la Policía Nacional y la minera que, como en otros casos, lleva a una tácita dependencia del personal “contratado” por la empresa.

Explicó que el problema con los convenios es que bajo el objetivo de prestar seguridad a las instalaciones de los proyectos mineros se ha terminado “privatizando” la acción policial, que además termina garantizando exclusivamente la seguridad de la empresa, olvidando que su tarea es garantizar la seguridad de todos los peruanos.

EL CONTRATO PARA LAS BAMBAS
De acuerdo al convenio suscrito entre los representantes del proyecto minero Las Bambas (Cotabambas, Apurímac) y la Región Policial del Cusco, a través del Oficio N° 088-2016-REGPOL CUSCO-EM/OID, se dispone el pago que va de entre 100 a 110 soles diarios a los efectivos que repriman protestas sociales y custodien la integridad de la minera.

El documento precisa que estos pagos se realizan de manera individual, de acuerdo a la jerarquía de cada policía y de manera quincenal.

Según el convenio, la empresa minera es la que mantiene los libros y registros contables de todos los pagos que efectúa a la PNP por un periodo no menor a tres años.

La Policía coloca a disposición de la minera al General PNP Director de la Región Policial Sur Oriente, quien es el encargado del control, supervisión, coordinación, evaluación y planeamiento.

Asimismo, se establece un depósito en la cuenta corriente (N° 002-161102172 del Banco de la Nación) del 0.11% de la UIT por hora, a nombre de la Unidad Ejecutora 000036 “X Dirección Territorial de Policía Cusco”, como recursos directamente recaudados dentro de los primeros 10 días de cada mes.

Toda esta información no se da a conocer públicamente, pero ahora se conoce debido a que las organizaciones de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), CooperAcción, RED MUQUI y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) tuvieron acceso a los convenios y decidieron hacerlos públicos.

MÁS DETALLES
Además de ello, la minera establece que los efectivos policiales asignados desempeñen otras acciones. La cláusula 5.1.7 dice que las operaciones policiales pueden realizarse fuera del área geográfica del proyecto.

“El jefe del Destacamento, ante cualquier contingencia, deberá dirigir las operaciones policiales… ya sea dentro del área del proyecto o, cuando las circunstancias lo ameriten, fuera de dicha área”, especifica el documento.

Pero no es el único convenio que la Región Policial del Cusco ha suscrito. Entre los años 2010 y 2014, se suscribieron otros con la Compañía Minera Quechua (Espinar), Compañía Minera Tintaya-Antapaccay (Espinar) y Minera Hudbay (proyecto Constancia en Chumbivilcas), todas ubicadas en el Cusco.

SIN DERECHOS
Lo contradictorio es que estos convenios son legales pero permiten el abuso y la violación de los derechos humanos y, además, desnaturalizan la función policial, que en vez de resguardar y garantizar la seguridad de todos los peruanos, termina por convertirse en una especie de seguridad privada de la empresa minera.

“La Policía Nacional hará uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos, cuando esté en riesgo inminente la vida del personal de Las Bambas y/o sus contratistas”, dice el convenio.

Este tipo de cláusulas de los convenios, que no son de carácter público, son los que desatan hechos violentos como el que sucedió el pasado 14 de octubre en medio del conflicto de Las Bambas, en donde el comunero Quintino Cereceda Huisa (42 años) fue ultimado de un impacto de bala en la cabeza.

Las coordinadoras de DD.HH. dijeron que lograron acceder a estos convenios después que el 1 de setiembre del 2014, la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, interpuso una acción de Hábeas Data ante el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) y consiguió que, dos años después, la Región Policial Sur Oriente de Cusco entregue una copia de dichos convenios suscritos entre los años 2010 al 2014.

ADEMÁS
Estos acuerdos se suscriben en el marco de la aplicación de la Ley de la Policía Nacional del Perú (Ley N° 27238), y el Decreto Supremo N° 004-2009-IN, que reglamenta los Servicios Extraordinarios Complementarios a la función Policial, con el fin de prestar servicios de vigilancia, seguridad y otros convenios en el área de influencia del proyecto minero.

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