Negociaciones se reiniciarían el miércoles

Consulta previa Lote 192. El diálogo entre representantes de diferentes entidades del Estados y los apus de las comunidades del Pastaza y Corrientes se suspendió a pedido de los últimos, pues consideran que no hay compromisos concretos a sus demandas.

Negociaciones se reiniciarían el miércoles

25 apus que representan a diversas comunidades de las zonas de influencia del Lote 192 han suspendido la última etapa de diálogo –como parte de la consulta previa que realiza el Estado- alrededor de este lote petrolero, el punto de quiebre es el Fondo Social que exigen las federaciones indígenas, fondo fideicomiso que debe contemplar el nuevo contrato de concesión.

“El Estado nunca dio seguridad respecto al cumplimiento efectivo de esta exigencia, la cual es una de las fundamentales del proceso. Hay poca disponibilidad de los funcionarios públicos, el Estado pretende repetir la misma historia de contaminación, llevamos 45 años de explotación y contaminación”, señaló el presidente de FECONACO, Carlos Sandi.

Por su parte Aurelio Chino, presidente de FEDIQUEP señaló que de estos acuerdos depende el destino de las comunidades indígenas. “El Estado dice que no hay dinero para nuestro fondo, dónde está el dinero si desde los años 70 hay explotación. Es más fácil hacer normas para destruirnos pero cuando hay que hacer normas para construir ahí sí dicen que es más difícil”.

¿CÓMO VA EL PROCESO?
La consulta se encuentra en la fase de diálogo -la penúltima de siete etapas- donde se están debatiendo las propuestas de los pueblos indígenas acerca de las condiciones de la continuidad de la explotación del Lote 192 por 30 años más.

El 04 de agosto será la apertura de sobres, es decir, ese día se abrirán las propuestas técnicas presentadas por los postores: las empresas Pluspetrol, Pacific Rubiales y Perenco. Dos días después, el 6 de agosto, se anunciara el ganador de la licitación.

El viernes último el Estado dio a conocer sus respuestas a las propuestas de los pueblos indígenas. Sobre los principales puntos, aquello en donde las comunidades y federaciones buscan asegurar su derecho al territorio, salud, desarrollo y beneficios, no existen puntos de convergencia en la respuesta del Estado.

Asimismo, según consideran los apus, el Estado parece confundir estas nuevas propuestas que intentan poner condiciones a la explotación petrolera en los siguientes 30 años, con el cumplimiento de los acuerdos del acta del 10 de marzo, que busca solucionar los problemas ocasionados por 45 años de actividad petrolera.

Cabe señalar que estas propuestas se encuentran en el Acta de Evaluación Interna y han sido formuladas por las comunidades de las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza en el proceso de consulta previa.

REQUERIMIENTOS
Las comunidades y federaciones exigen monitoreo a la salud de la población durante los próximos 30 años de actividad petrolera, mediante estudios toxicológicos y epidemiológicos que les informe periódicamente la situación de la salud en las comunidades, y se generen atenciones a partir de estos resultado. Perupetro sostiene que en el marco del Acta del 10 de marzo sería suficiente realizar un estudio epidemiológico y toxicológico.

Los pueblos indígenas están proponiendo beneficios directos de la producción petrolera, a través del establecimiento de un fideicomiso que les permita financiar proyectos de desarrollo sociales, ambientales y económicos, así como la necesidad de una comisión técnica de gestión para garantizar el uso adecuado de esos recursos. Sobre este punto no ha habido respuesta.

Otro tema importante es la creación de espacios tripartitos (Estado-Empresa-Comunidades y Federaciones) para el establecimiento de la compensación por servidumbres y una adecuada valorización, teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales, culturales y económicos. Perupetro ha sostenido al respecto que ya existe una ley que establece negociación directa entre operador y propietario.

Asimismo, considerando que dentro del lote existen ocho comunidades nativas, se está proponiendo que se establezcan zonas indispensables para la supervivencia económica y cultural de esas comunidades como por ejemplo, cochas, zonas de caza, lugares sagrados, etc.

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